La Junta defiende que la paralización del Nevada la ordenó un juzgado y estudia ir al Constitucional
Señalan que fueron las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial las que hicieron imposible la apertura del centro comercial
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha defendido este jueves en el Parlamento andaluz que "no fue la Junta quien suspendió la ejecución de las obras" del Centro Comercial Nevada sino que "lo hizo un magistrado" y, tras señalar que la Administración andaluza no comparte la sentencia que le obliga a indemnizar al promotor con 165,6 millones, ha recordado que estudian acudir al Tribunal Constitucional.
En respuesta a una pregunta planteada por el PP-A, Fiscal ha dicho que en este asunto el Gobierno andaluz "siempre ha actuado en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad", avalada por informes técnicos y jurídicos tal y como lo "demuestran" otras sentencias anteriores a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Ha subrayado además que la Junta no intervino en la suspensión del proyecto, sino que fueron las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial las que hicieron imposible la apertura del centro comercial.
Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha dicho "que lo que hay es un debate jurídico legítimo", que "queremos que continúe en el Tribunal Constitucional, ya que seguimos pensando que nos asiste la razón en el fondo de este asunto".
Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García ha sostenido que esta "condena no es una casualidad", alegando que "se aprobaron dos planes parciales que eran ilegales y la Junta no recurrió como era su obligación"; mientras que la licencia de obras fue "recurrida fuera de plazo", en el juicio penal por este caso no hubo personación y "el abogado de la Junta no asistió al juicio" --primera vista-- en el que se abordó el asunto de la indemnización.
Todo ello le ha llevado a reclamar que el Consejo de Gobierno tome medidas para "depurar responsabilidades políticas por esta condena" y por "este regalo a un promotor" por "mirar a otro lado".
El consejero ha negado estos extremos, incidiendo en que cuando la Junta tuvo conocimiento de la licencia de obras otorgadas al Centro Comercial en 2005 se instó al Ayuntamiento de Armilla a su revisión de oficio y al no responder a este requerimiento la Junta se vio "obligada a recurrir a los tribunales", recayendo el asunto en un juzgado que fue el que "en 2006 ordenó como medida cautelar la suspensión de las obras"
"Se estaba acatando una sentencia", ha remarcado Fiscal, agregando que después otro juzgado granadino acordó de nuevo la suspensión de los trabajos.
