La Junta destinará en Andalucía a alquiler social 400 viviendas de la SAREB

La Consejería de Fomento y Vivienda destinará a alquiler social un parque inicial de 400 inmuebles ofrecidos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y localizados en los municipios de Andalucía con mayor demanda. Esta cesión, que se prolongará por un periodo de cuatro años, deberá regularse ahora en un convenio de colaboración entre ambas partes, después de que la Junta de Andalucía haya culminado el proceso de inspección de esas viviendas, cuyo listado fue remitido el 14 de enero a la Consejería para la revisión de sus características de habitabilidad. La firma de dicho acuerdo será la culminación de una línea de trabajo abierta el pasado mes de septiembre por el consejero Felipe López con los representantes de la SAREB con el fin de disponer de esos activos para darles un uso social y evitar que esos pisos permanezcan vacíos.

La oferta presentada se ubica en 78 municipios de las ocho provincias andaluzas, incluidas las ocho capitales de provincia, correspondiéndose así con los puntos de la comunidad con mayor demanda de vivienda, respondiendo así a una exigencia planteada a esta sociedad por la Junta de Andalucía.

En contraprestación por la cesión temporal de los 400 pisos, la Consejería de Fomento y Vivienda deberá abonar por cada uno de ellos una cuantía fija que se establece en 125 euros al mes si está vacío y en 75 euros si la vivienda está ocupada por sus propietarios originarios. En estos últimos casos, la Consejería deberá regularizar la situación de esas familias a través de un contrato de alquiler social con el fin de normalizar su estancia y darles garantía jurídica. En el caso de Andalucía, los inmuebles que se cederán se encuentran en su mayoría libres, encontrándose ocupados tan sólo 58, una situación que contrasta con el resto de comunidades con las que la SAREB ha firmado el convenio, donde la proporción es mayor.

Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la Consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten, con carácter general, a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. No obstante, la Consejería tendrá la potestad de destinar esos activos cedidos al alojamiento de personas en especiales circunstancias de protección, suscribiendo a tal efecto los correspondientes convenios de colaboración con el resto de la Administración de la Junta o con los municipios afectados.

Las rentas mensuales que deberán abonar los futuros inquilinos de las viviendas serán asequibles y se ajustarán a las condiciones económicas de las familias con menos recursos, garantizando que ese importe no supere el 30% de los ingresos netos actuales de la unidad familiar. Si las viviendas que se cederán necesitaran de obras de adecuación para ponerlas a disposición de las familias, los gastos deberán correr a cargo de la SAREB y la Consejería.

Al margen de estas 400 viviendas, la Consejería de Fomento y Vivienda gestiona un patrimonio de más de 84.000 viviendas públicas en Andalucía, que cumplen una función social por cuanto están destinadas a dar solución habitacional a familias con menos recursos.