La Junta espera que el TS estime sus pretensiones y "ponga las cosas en su sitio" en el caso Nevada

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado este jueves que la Junta de Andalucía espera que el Tribunal Supremo (TS) "estime sus pretensiones" y "ponga las cosas en su sitio" tras el recurso ante el alto tribunal anunciado por el Gobierno andaluz frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha condenando a la administración autonómica a indemnizar con más de 165 millones de euros al promotor del Centro Comercial Nevada, en Armilla (Granada), por los perjuicios económicos derivados de la paralización de la obra.

Así lo ha indicado el consejero en respuesta a una pregunta que a propósito de este caso le ha formulado en el Pleno del Parlamento la diputada del PP-A Ana Vanessa García, quien ha reprochado al Gobierno socialista de la Junta su "chapuza" en relación a este caso, que "nos va a costar a todos 166 millones de euros por ahora".

La parlamentaria 'popular' ha repasado las últimas sentencias dictadas al respecto, y ha criticado que, pese a que la Junta "no compareciera en el acto de la vista" y "recurrieron la licencia fuera de plazo", "aquí no pasa nada". "Nadie es responsable ni asume responsabilidades", ha censurado García, que tras apuntar que "de aquellos barros estos lodos", ha preguntado al consejero si tras la última sentencia del TSJA "van a tomar ahora alguna medida o responsabilidad".

El consejero de Medio Ambiente ha recordado que ya la Junta, a través de su Delegación en Granada, "ha anunciado que recurrirá" al Tribunal Supremo dicha sentencia del TSJA que la condena a pagar una indemnización de alrededor de 165 millones de euros al promotor del centro comercial, al tiempo que ha retirado el "absoluto respeto" que la Junta "siempre" expresa "por las resoluciones judiciales, tanto cuando nos gustan como cuando no, a diferencia del PP", según ha apostillado.

En todo caso, ha garantizado que "mientras quede abierta la vía del recurso, la Junta hará hacer valer sus derechos y utilizará las facultades que le otorga la legislación procesal".

Fiscal ha señalado que, "lógicamente, la oportunidad y viabilidad del recurso obedece a criterios legales, y será el gabinete jurídico de la Junta el que elabore la documentación idónea", pero ha recordado que la Administración autonómica "sostenía que no se había tenido en cuenta la incidencia en la suspensión del proyecto que tuvo el procedimiento penal, en el que no éramos parte".

Ha argumentado en ese sentido que "las sentencias recaídas del juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial sobre el asunto hicieron imposible la apertura del centro comercial", algo que "se ha debido valorar", según el consejero, que ha incidido en que "el efecto de tales resoluciones no es imputable a la administración autonómica".

El consejero ha expuesto que, en su recurso, la Junta debe "insistir también en aspectos como la falta de acreditación del lucro cesante", ya que el fallo del TSJA "ni siquiera indica el periodo exacto en que se produce", y ha apuntado que "también se han señalado deficiencias en el tipo de procedimiento empleado por el promotor o la falta de motivación suficiente del auto judicial para fundamentar el derecho a ser indemnizado".

"En definitiva, cuestiones de carácter técnico que darán cuerpo a un recurso ante el Tribunal Supremo, que esperemos que estime las pretensiones de la Junta y finalmente ponga las cosas en su sitio", ha resumido el titular de Medio Ambiente.

PP-A VE UNA "CONCATENACIÓN DE ERRORES INEXPLICABLE"

La parlamentaria del PP-A ha replicado al consejero preguntándole si no ha imputado a la Junta "no ir a los juzgados cuando tiene que ir", y ha manifestado que "la concatenación de errores es muy inexplicable para los granadinos".

"Qué casualidad que se hayan estado equivocado reiteradamente justo en el caso Nevada", ha comentado la diputada 'popular', que en esa línea ha aseverado que "en política las casualidades no existen", y ha subrayado que desde la Junta "no han explicado por qué se han estado equivocando una y otra vez para favorecer a un promotor, y por qué ahora, por sus errores, vamos a tener que pagarle 166 millones de euros y no pasa nada".

El consejero Fiscal ha zanjado el debate insistiendo en que en la Junta confían en que "el Supremo pondrá las cosas en su sitio", y ha subrayado que la Administración andaluza "ha actuado siempre en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad, y lo ha hecho avalada por informes técnicos y jurídicos, como lo demuestran otras sentencias anteriores que fueron favorables a la Junta". Además, ha puntualizado que "la sentencia fija una indemnización en razón de una suspensión que acordó el propio juzgado".