La Junta impulsa la Ley andaluza que regulará el uso de la lengua de signos

El Consejo de Gobierno acordó hoy iniciar la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera. La norma, que amplía la legislación estatal de 2007 sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

   El anteproyecto establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas. Junto con ello, incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos de apoyo dirigidos a aquellas personas con discapacidad auditiva que optan por la comunicación en la lengua oral castellana. Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica con una previsión inicial de 441,5 millones de euros hasta el año 2012.

   La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que, ante todo, se pretende regular muchos de los programas que ya se han puesto en marcha en la comunidad, que, en modo alguno, parte de cero. "Se trata de convertir en derechos todas las iniciativas que permitan la integración plena de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad", según apuntó.

   Según los datos de la consejera, en Andalucía hay en este momento 176.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva y no todas requieren de las mismas necesidades. De igual manera, apuntó el dato de que 44.000 personas tiene reconocida su discapacidad auditiva a través de centros de valoración, en un grado igual o superior al 33 por ciento.

Sobre el perfil de las personas con discapacidad auditiva, según dijo, sólo el 4,38 por ciento tiene estudios universitarios; un 20,83 por ciento no sabe leer ni escribir, y más de un 41 por ciento, cuenta con estudios primarios incompletos.

   Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza (17 artículos, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones finales) regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

   Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el anteproyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley. Actualmente, hay unas 700 personas en la comunidad que cuentan con la titulación de intérpretes en el lenguaje de signos.

   Asimismo, la norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva. De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En cuanto al ámbito educativo, el anteproyecto incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

Finalmente, la futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.

RÉGIMEN SANCIONADOR

   El texto incluye el mismo régimen sancionador fijado en la ley estatal, que prevé multas de entre 300 euros para las infracciones leves y un millón para las catalogadas como muy graves.

La norma que ahora inicia los trámites para su elaboración se enmarca en la política desarrollada por la Junta durante la última década con el fin de evitar la discriminación de las personas con discapacidad auditiva. La Ley de medidas fiscales y administrativas del Presupuesto andaluz para 2003 ya incluyó disposiciones concretas para fomentar la integración en el ámbito educativo y para la extensión de la lengua de signos y los medios de apoyo a la lengua oral.

   Por su parte, el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía, desarrollado entre 2003 y 2006, alcanzó, entre otros logros, la implantación en todos los hospitales públicos del programa de detección y tratamiento precoz de la hipoacustia infantil.