La Junta indica que el convenio con la UGR para alojamientos en Almanjáyar se resolvió por falta de demanda

La Consejería de Fomento y Vivienda ha decidido resolver por falta de demanda el convenio suscrito con la Universidad de Granada para poner a disposición de la población universitaria los 80 alojamientos protegidos de Almanjáyar.

Este convenio fue suscrito en julio de 2014 por la entonces consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), con la UGR y hasta la fecha ha registrado un "escaso interés para su uso por parte de los universitarios y sólo han llegado a ocuparse diez alojamientos en este tiempo", ha informado la Junta en una nota de prensa tras las denuncia formulada este lunes por la parlamentaria de IU María del Carmen Pérez sobre estos apartamentos "vacíos".

La Junta mantiene que, ante esta evidente falta de demanda para su uso, ha resuelto con la UGR el citado convenio "de mutuo acuerdo" el pasado mes de julio, con el objetivo de poder destinar a partir de ahora estos alojamientos a otras personas con más necesidades.

Los alojamientos requirieron en las fechas previas a la firma del acuerdo de obras de adecuación, que supusieron a la Consejería de Fomento y Vivienda un desembolso de 96.000 euros.

Una vez culminada dicha actuación y firmado el convenio, se puso en marcha una campaña de difusión para atraer usuarios en todos los ámbitos de la Universidad, "campaña que no dio el resultado esperado, ya que el máximo de personas alojadas no ha superado la decena, lo que hacía económicamente inviable el mantenimiento del edificio".

Ante tal situación, a finales de 2015 la comisión de seguimiento del convenio entre Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la UGR, compuesta por representantes de ambos organismos, acordó disolver el acuerdo y resolver la convocatoria efectuada para el presente curso, declarando desiertas las plazas convocadas por no haberse alcanzado el mínimo de solicitudes fijado.

La resolución del convenio se hizo efectiva el 19 de julio pasado tras lo cual, con el objetivo de buscar alternativa ocupacional al edificio, AVRA solicitó al Ayuntamiento de Granada, como titular del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, que "excepcionara la adjudicación de estos alojamientos, a fin de poder adjudicarlos a entidades sin ánimo de lucro que puedan destinarlos a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, ya que la configuración del complejo no permite su uso como viviendas convencionales para familias".

El Ayuntamiento autorizó la excepcionalidad el 12 de agosto pasado, lo que ha permitido ofrecer el uso de los alojamientos a la Fundación Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedades Mentales (Faisem), con la que se ultima la firma de un convenio que permita a dicha entidad dar solución habitacional a 40 de sus usuarios, ofreciéndoles un espacio de uso individual para mejorar su vida personal y social y garantizar su manutención y cuidados personales básicos.

Así, estos alojamientos contribuirán a a facilitar el desarrollo personal de estas personas y su integración social, manteniéndose contactos también por parte de AVRA con otras organizaciones sin ánimo de lucro para tratar de convenir el uso del resto de plazas disponibles en estos alojamientos y permitir así conferir una función social a los mismos.