La Junta muestra "sorpresa" de que el PP-A le "culpe" de la "paralización" de tramitación de chiringuitos

El director general de Prevención y Calidad medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez, se ha mostrado "sorprendido" este domingo de que el PP-A le "culpe" por haber "paralizado la tramitación de concesiones a establecimientos y chiringuitos de las playas", tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que tumba un artículo del Reglamento de Costas que hace referencia a los establecimientos de playas.

Así, según ha explicado el director general a Europa Press, "quien menos tiene que hablar sobre este asunto es precisamente el PP, debido a que esta sentencia anula la disposición del reglamento de la Ley de Costas, una norma que fue aprobada en octubre de 2014 por el PP". Asimismo, ha añadido que el Supremo ha "tumbado" esta sentencia por la "mala gestión" del PP, lo que constituye una "consecuencia directa" de su mandato.

Estas declaraciones se producen como consecuencia de la crítica que la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento andaluz, Patricia Navarro, ha hecho este domingo, ya que, según la 'popular', "sólo" 30 de 200 chiringuitos malagueños han sido regularizados, "cuando hace tres años que se aprobó la Ley de Costas y hace dos que se desarrolló el reglamento que servía como herramienta legal para dar forma a esta necesaria seguridad jurídica".

Del mismo modo, la 'popular' ha recordado que hace "más de cinco años que se traspasaron las competencias en materia de chiringuitos a la Junta de Andalucía, por lo que, ha señalado, "si Susana Díaz hubiese cumplido con su deber, ningún chiringuito estaría afectado por esta sentencia", y ha anunciado que su grupo pedirá al Gobierno autonómico la comparecencia urgente del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para que dé "una solución a aquellos chiringuitos y establecimientos de playas que estén inmersos en procesos de regularización" tras la sentencia del TS.

En este sentido, el director general de Calidad Medioambiental ha indicado que "el Gobierno central del PP no ha advertido de esta situación a las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de gestión y ordenamiento del litoral", por lo que "si esto no se hubiese hecho así, podríamos haber previsto alguna medida al respecto", ha apostillado.

Martínez ha apuntado que desde la Junta se mantiene un "contacto directo" con el sector, por lo que "tampoco entiendo que tachen a la Junta de lentitud", ya que las competencias fueron transferidas en 2015 y hubo un "frenazo" en la tramitación de las concesiones por la "previsible" modificación del reglamento.

Según ha detallado el director general, desde el sector se les pidió "un periodo de 'standby'" hasta que se modificara la normativa y se conociera el nuevo marco legal, publicado en 2013. Asimismo, una vez conocida la normativa legal, nuevamente desde el sector les reclamaron "prudencia" ante la espera del reglamento, que salió en octubre de 2014.

En este reglamento se recogía que las personas que ocupasen un dominio público terrestre tuvieran "derechos de privilegio" en el proceso de tramitación de concesiones, "lo que no quiere decir que directamente estas concesiones fueran ya asignadas directamente", ha aclarado Martínez.

Con respecto a la "lentitud de tramitaciones" de los chiringuitos, ya que según la portavoz del PP "esta ley podía haber dejado a cero chiringuitos en situación irregular en la provincia de Málaga, cuando en Granada más del 60 por ciento tienen ya su concesión", el director general ha explicado que "no se gestionan en todas las provincias andaluzas igual, pues en Granada ya se ha tramitado y, por ejemplo, Málaga es la provincia con más concesiones por diferencia del litoral andaluz, lo que representaría un 50 por ciento".

En esta línea, ha indicado que de las seis provincias que participan en esta tramitación de concesiones, tres de ellas no han planteado problemas (Sevilla, Huelva y Almería), mientras que las otras tres (Granada, Cádiz y Málaga) han presentado diferentes dificultades.

Así las cosas, el director general ha apuntado que el proceso de tramitación estaba "bastante avanzado" cuando han conocido la sentencia del Supremo, ya que ha asegurado que "no teníamos constancia de la existencia de la misma", de forma que ha tildado al Gobierno central de "poco legal" con la Junta por no avisar sobre ello y así poder tener un mecanismo de defensa. "No se puede culpar a la Junta de algo que tiene responsabilidad el PP", ha concluido.