La Junta mueve ficha para intentar evitar la indemnización que debe pagar al promotor del Nevada
Ha presentado un recurso de casación al Supremo para “que no permita el enriquecimiento con dinero público de un promotor condenado por incumplir la ley”
La Junta de Andalucía ha presentado hoy el recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Andalucía que le condena a indemnizar con 165 millones al promotor del Centro Comercial Nevada y confía en que el Tribunal Supremo “no permita el enriquecimiento con dinero público de un promotor condenado por incumplir la ley, ni se condene a una Administración pública por intentar que ésta se cumpla”, según ha manifestado la delegada del Gobierno, Sandra García.
La Junta mantiene que “actuó siempre en función de sus competencias y en defensa de la legalidad” y que la paralización de las obras del centro comercial “hay que analizarla en el contexto de diez años de procedimientos judiciales complejos y relacionados entre sí”. “No se puede atribuir a la Junta la responsabilidad de la paralización de las obras y de que el promotor estuviera unos años sin ganar dinero, eso una interpretación sesgada de la realidad”, prosigue.
El recurso de casación pide al Tribunal Supremo que tenga en cuenta la vinculación entre el procedimiento penal, donde la Junta no estuvo personada, y el administrativo y que considere los hechos probados del Penal.
La Junta recuerda que no formó parte del proceso penal que paró las obras, condenó al promotor por un delito de ordenación del territorio y a la demolición parcial del edificio y a representantes públicos por delito de prevaricación en la concesión de la licencia. Argumenta, por tanto, que la indemnización al promotor está relacionada con la comisión de un delito.
Según la Junta, las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial hicieron imposible la apertura del centro comercial y había razones objetivas para que el Juzgado mantuviera la medida cautelar hasta 2014. No obstante, el levantamiento de las medidas cautelares también lo podrían haber solicitado la promotora del centro e incluso el propio Juzgado, cosa que no hicieron.
En cuanto a la no asistencia a la comparecencia por parte de los servicios jurídicos, la Junta mantiene que no era determinante y que se contestó por escrito y se presentaron las pruebas en tiempo y forma.
Asimismo, la Junta considera “incomprensible” que se condene por el lucro cesante sin fijar los gastos y sin tener en cuenta que, aunque la Junta de Andalucía no hubiera intervenido, el centro comercial no podría haber abierto hasta la demolición parcial, por ejecución de la condena penal.
"DESFACHATEZ POLÍTICA"
Por otro lado, la delegada del Gobierno califica de “desfachatez política” el anuncio del PP de solicitar a la Fiscalía que investigue presuntas responsabilidades. “Algún día el PP tendrá que dar cuenta de ese giro maquiavélico y desvergonzado que ha dado, cuando incluso estuvo personado como acusación particular en la causa penal que paralizó las obras y pedía a voces a la Junta que actuara”, asevera. “Es de un cinismo y una irresponsabilidad pasmante”, concluye.
