La Junta niega desahucios en Granada y aclara que sólo exige cumplir la ley y el pago de la renta a los morosos

La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada ha asegurado que no está impulsando "ni un solo expediente administrativo de desahucio en su parque público de viviendas" en Granada y ha aclarado que "sólo está exigiendo el cumplimiento de la legalidad en su ocupación y uso, y el abono de las rentas de alquiler a los inquilinos más morosos para que cumplan con la obligación que tienen contraída con la administración autonómica desde que firmaron el contrato de adjudicación de sus viviendas".

Según ha informado en una nota de prensa la Junta, la administración autonómica garantiza de este modo la vivienda para "las familias realmente necesitadas" y también su ayuda a las que "tienen problemas para poder abonar su alquiler".

En este sentido, la Junta ha rechazado "la denuncia falsa sobre desahucios en el parque autonómico de viviendas" criticando "la actitud demagógica del PP cuyas políticas de vivienda sí que han resultado nefastas para la familias más vulnerables como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde se han vendido viviendas públicas a fondos buitres".

Fomento y Vivienda se ha referido a las cartas enviadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para reclamar el abono de los alquileres a inquilinos que no cumplen con sus obligaciones legales y acumulan una importante deuda con la administración autonómica, pese a que el alquiler de una vivienda pública en Granada y Andalucía es de las más bajas de España, con una renta media de 33 euros mensuales.

Según la Delegación, AVRA está remitiendo estas cartas a los inquilinos que "llevan mucho tiempo sin pagar y que no justifican su morosidad ni acreditan una situación de precariedad o vulnerabilidad y, por tanto, pueden afrontar el pago de dichas rentas que sirven además a la administración para sostener el mantenimiento y conservación de dicho parque de viviendas".

Fomento y Vivienda pone de relieve que en ningún caso se exige este pago a familias cuya deuda está motivada por una "situación sobrevenida como consecuencia de la crisis, el desempleo o de otras circunstancias personales adversas".

En estos casos, AVRA dispone de una serie de medidas de carácter social para "ayudar a estas familias en el sostenimiento de sus vivienda, como la minorización o aplazamiento de sus obligaciones económicas".

En las misivas remitidas a los inquilinos morosos se les advierte de la reclamación judicial de su deuda si no atienden a esos pagos o no acreditan una situación socioeconómica adversa que les impida su abono.

No obstante, la Delegación precisa que la vía judicial a la que se recurriría "en ningún caso contempla el desahucio de la vivienda".

Estas cartas persiguen conocer los motivos que impiden a estos inquilinos hacer frente a sus rentas para, una vez analizada la situación de cada familia, se puedan buscar "las fórmulas más adecuadas para que puedan seguir liquidando su deuda con el apoyo social y económico de la Junta".