La Junta pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz Mateos
La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.
Abogados personados en el procedimiento han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Zoilo Ruiz-Mateos dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues "todo lo llevaba" su padre y él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas por los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa.
Zoilo Ruiz-Mateos, al igual que ya hicieron en su día sus hermanos Javier y Pablo, ha asegurado no conocer al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en metálico o en dinero 'B' al mismo, mientras que también ha negado conocer la inclusión de 'intrusos'.
José María Ruiz Mateos también estaba citado este miércoles para declarar como imputado, pero finalmente no ha comparecido ante la juez Alaya, quien sí ha tomado declaración a José Antonio Cuevas, uno de los dos 'intrusos' en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), a quien Alaya ha imputado delitos de malversación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones, según el texto de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La magistrada considera que Cuevas, que trabajó en Viajes Marbesol y Autos Marbesol, fue contratado para el Hotel Cervantes "con el único fin de ser introducido en el ERE relativo a la misma aproximadamente cinco meses antes" de que, por parte del hotel, se presentara la correspondiente solicitud para el ERE --el 29 de marzo de 2006--, "y con el único e ilícito fin de ser introducido en el mismo y acogerse al plan social de prejubilaciones de sus trabajadores, para lo cual incluso se falsearían por la empresas sus datos laborales".
Finalmente, comenzó a percibir las rentas derivadas de la póliza suscrita en septiembre de 2006, a razón de 1.400 euros mensuales hasta percibir 84.252,47 euros.
UN 'INTRUSO' "NO SABÍA MUY BIEN QUÉ ERA UN ERE"
El imputado, que ha aseverado que "no sabía muy bien qué era un ERE", ha señalado en su declaración que el gerente de Autos Marbesol le ofreció ser contratado para el Hotel Cervantes y ser introducido en el ERE, explicándole que debía estar contratado en este hotel durante seis meses "para que fuera legal y poder acogerse" al expediente.
Ha asegurado que "no se lo creía, es decir, le sorprendió que pudiera ser posible, que pudiera ser contratado para poderse acoger a un ERE", si bien "estaba más preocupado por la situación de Autos Marbesol, ya que o se vendía o cerraba en diciembre de ese mismo año", tras lo que "tardó un mes hasta que fue contratado" en el hotel, donde desempeñó sus servicios en el parking chequeando la salida y entrada de los coches.
Asimismo, ha desvelado que, en la actualidad, "sigue cobrando y que nunca ha dejado de cobrar", de manera que "tan solo cuando surgió el escándalo hubo unos meses en que se retrasaron y fueron a exigirle a Vitalia que les pagara, quien les dijo que ya habían adelantado dinero y que la Junta no les pagaba a ellos".
La Fiscalía ha pedido para el 'intruso' una fianza civil de 84.252,47 euros, más el tercio legal, mientras que la Junta ha interesado una fianza civil de 221.572,76 euros, también más el tercio legal, ya que dicha cifra "se corresponde con el coste de la póliza y por tanto con el perjuicio sufrido por la Junta".
LA IMPUTACIÓN DE LOS RUIZ-MATEOS
La juez imputó tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible "a través del tráfico de influencias ejercido" por ambos y por Juan Lanzas, "a quien se le pagaría como 'conseguidor' ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE".
La juez argumentó que José María Ruiz-Mateos "ostentaría la dirección" del grupo Nueva Rumasa "apoyado" por su hijo Zoilo, siendo ambos "quienes en última instancia tomaban las decisiones participando junto con otros miembros de la familia en la inclusión de los 'intrusos'" en los ERE del Hotel Cervantes, Dhul o Complejo Bodeguero Bellavista, entre otros.
Hay que recordar que, en el caso de Javier y Pablo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros en relación al ERE del Hotel Cervantes, donde fueron incluidos como 'intrusos' Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.
