La Junta relanza la Formación Profesional para el Empleo con 71,5 millones en cursos para desempleados

La Junta de Andalucía destinará un total de 71,5 millones de euros a la realización, a partir de este otoño, de un total de 1.779 acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE), de las que podrán beneficiarse 26.685 personas desempleadas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha presentado un informe sobre el relanzamiento de la FPE en la comunidad autónoma, que se iniciará con la próxima publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Ha indicado que a esta oferta se sumarán en breve las correspondientes al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, con 50 millones de euros, y a las acciones formativas para trabajadores ocupados, con 20,6 millones, con lo que "la previsión total superará los 142 millones".

Así las cosas, esta nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concretará en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, mientras ha explicado que estas ayudas podrán optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados.

Ha explicado que, siguiendo los plazos previstos, se prevé que el decreto esté esta semana publicado en el BOJA y, a partir de ahí, cuentan diez días para presentación de solicitudes, hasta principios de septiembre. Desde ese momento, la Junta se reserva cuatro meses para la evaluación y concesión de las subvenciones, de manera que espera que para enero puedan estar concedidas, momento a partir del cual dependerá de cada entidad la puesta en marcha de los cursos.

"MÁXIMAS GARANTÍAS DE CONTROL"

Destacar que la nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables "que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas". También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 por ciento una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.

Además, Vázquez ha incidido en que la concesión y los pagos de las ayudas "estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Así, la justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor --en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones--, y deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.

CENTRADOS EN DEMANDAS EMPRESARIALES

De esta manera, Vázquez ha explicado que los 71,5 millones de euros previstos se distribuirán entre las distintas provincias "en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo" y "se primará el desarrollo de acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea".

También se tendrán en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía andaluza, como el aeronáutico, el naval, la atención a la dependencia y las energías renovables.

Para poder participar en las acciones formativas, según ha destacado el portavoz, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.

OTRAS INICIATIVAS

En su informe al Consejo de Gobierno, Sánchez Maldonado también ha dado cuenta del resto de iniciativas llevadas a cabo por su departamento para relanzar la FPE en Andalucía. Entre ellas, ha destacado la culminación de la integración en el SAE de los diez Consorcios Escuela de FPE, que a partir de septiembre restablecerán su actividad bajo la denominación de Escuelas de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía.

En el informe ha indicado que actualmente está en fase de finalización el proceso de liquidación del último de estos centros, el Consorcio Escuela de Hostelería, Turismo e Industrias del Ocio de Mijas (Málaga), cuyos trabajadores se incorporarán al SAE antes de que acabe el año.

Asimismo, indica la Junta que ya están en vigor las órdenes reguladoras que establecen las bases de las dos próximas convocatorias de acciones formativas, también con ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva. El pasado 2 de junio se publicó la correspondiente a los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía.

Por su parte, la orden de 29 de julio regula las ayudas para cursos conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad presencial, no financiadas con fondos de Formación Profesional para el Empleo. Esta norma, que desarrolla la modificación de los certificados de profesionalidad realizada por el Ministerio de Empleo en 2013, permite en Andalucía la participación de la iniciativa privada.

Finalmente, indica que la Junta también ha suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal un convenio para utilizar la plataforma telemática de autorización y seguimiento de las acciones vinculadas a los contratos de formación y aprendizaje, nueva competencia atribuida por el Ministerio de Empleo a las comunidades autónomas.