La Junta se opone a "estigmatizar a todo un barrio" con cortes de luz que se dan en plena ola de frío
La consejera de Igualdad ha señalado que lo sufre un entorno "muy castigado y con necesidades especiales", habitado en su mayor parte por "personas honestas y trabajadoras"
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha señalado que "no se puede tolerar de ninguna manera" que "todo un distrito" de Granada se quede sin electricidad como consecuencia de cortes en el suministro que suponen "estigmatizar a todo un barrio".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de su intervención en las I Jornadas del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Sánchez Rubio ha recordado que estos cortes, que se producen en plena ola de frío, lo sufre un entorno "muy castigado y con necesidades especiales", habitado en su mayor parte por "personas honestas y trabajadoras, con muchas dificultades y que, sin saber por qué, se ven sin suministro".
Así las cosas, el hecho de que el Consistorio tenga previsto aprobar por unanimidad una declaración institucional contra los cortes de luz en la zona Norte de la ciudad ha sido valorado por la consejera, que ha incidido en la necesidad de "distinguir".
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, reconoce que la problemática se ha "agudizado" en los últimos tiempos, y mientras en el suministro del agua el asunto está "mucho más resuelto y aceptado por todas las empresas", en el de la luz "el problema es claro".
"Hay causas que hay que analizar", recuerda Maeztu, que diferencia los cortes producto del exceso de energía por actividades ilícitas de los "clásicos" por impago, "que es la modalidad más fácil de proteger".
Respecto a los cortes de suministro, el Defensor ha hecho hincapié en que hay que hacer un procedimiento "muy estricto y ajustado a derecho: hay que verificar dónde está el enganche, que puede ser más colectivo, con una fuente que afecte a varios edificios".
Y es que es preciso notificar bien el corte, dar garantías, avisarlo dos meses antes y posibilitar que los trabajadores sociales puedan hacerse cargo de la situación, toda vez que esta medida debe ser la "última". "Barajamos una solución en favor del cliente, que es nuestro ciudadano", ha apostillado.