La Junta tramita 25 expedientes en Granada por ocupaciones irregulares de viviendas públicas tras recuperar 53 desde 2015

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), tiene en tramitación actualmente 25 expedientes para la recuperación de viviendas de su parque público en la provincia de Granada, las cuales están ocupadas de forma irregular. Estos expedientes se suman a los 53 que desde el inicio de la actual legislatura se han resuelto con la recuperación de otras tantas viviendas, que han sido adjudicadas posteriormente a familias que, cumpliendo los requisitos para ello, han respetado la normativa vigente que regula el acceso a una vivienda pública.

La delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, ha asegurado que “la decisión de la Junta es actuar de forma contundente cuando se identifican ocupaciones o usos irregulares y vamos a seguir impulsando medidas que garanticen el cumplimiento de la legalidad en el acceso y en el uso de este importante patrimonio social esencial para muchas familias que necesitan de una vivienda”, ha dicho la delegada.

La acción que se deriva de tal decisión se enmarca en la estrategia que, para impulsar y mejorar la gestión de su parque público residencial, puso en marcha la Junta a través de AVRA en 2015. Esa estrategia trata de reforzar la función social de la vivienda protegida que fija la ley 4/2013, una función social que presta el parque residencial de la Agencia, atendiendo las necesidades habitacionales de las familias inscritas en los registros municipales de demandantes. “A estas fami-lias, en situación socialmente compleja, están destinadas las viviendas públicas de AVRA y por eso se recuperan las que están en situación irregular, ya que todos esos recursos deben estar al servicio de los ciudadanos que cumplen la legalidad”, ha recalcado la delegada.

El primer paso de la estrategia desplegada por AVRA ha consistido en reforzar las tareas de verificación y control de las viviendas del parque, con el fin de obtener datos actualizados de quiénes residen en esos inmuebles y en qué condiciones están esas familias. Una vez visitado todo el parque de vivienda de la provincia de Granada, compuesto por 7.606 viviendas -de las que 4.132 son en alquiler- y a partir de los resultados de esas verificaciones, desde 2015 se vienen tramitando numerosos expedientes para la recuperación de las viviendas ocupadas de forma irregular.

De los 78 expedientes iniciados desde 2015, un total de 53 ya se ha resuelto, permitiendo la recuperación de otras tantas viviendas. De ellas, 37 se recuperaron por entrega voluntaria de las llaves, por parte de las personas expedientadas, en el inicio del procedimiento. El resto, mediante resolución de procedimientos de desahucio, tanto en vía civil como administrativa, con las correspondientes órdenes judiciales que permitieron la entrada en los inmuebles para recuperar su posesión por parte de AVRA, como propietaria del parque público residencial de la Junta de Andalucía.

De las viviendas recuperadas, 13 se encuentran en la capital, concretamente en el barrio de Almanjáyar, en la zona norte de Granada, donde se ubica la práctica totalidad del parque residencial público de la ciudad. Y las restantes se localizan en diversos municipios de la provincia. Todas las viviendas recuperadas han sido ya adjudicadas, mediante el procedimiento normativo vigente, a propuesta de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y a familias inscritas en ellos que, reuniendo los requisitos exigidos, permanecían a la espera de vivienda libre para poder acceder a ella con el preceptivo contrato.

Los 25 expedientes en curso afectan a otras tantas viviendas ocupadas de forma ilegal, de ellas 17 en la zona norte de Granada, y las 8 restantes en otras poblaciones en las que AVRA tiene parque público residencial.

PRÓXIMA RECUPERACIÓN DE VIVIENDA POR SENTENCIA JUDICIAL

Uno de los últimos expedientes abiertos quedará resuelto en unos días, cuando se proceda a la recuperación de la vivienda sita en la calle Casería de Aguirre nº 36, bloque 2, escalera A, 3º-3, mediante la correspondiente orden judicial en ejecución de sentencia, que resuelve una denuncia interpuesta en su día por la persona que tiene adjudicada la vivienda, ex marido de quien la está ocupando ahora de forma irregular.

La vivienda fue ocupada en marzo del pasado año, poco después de que el titular de la misma, quien residía en ella con una de las hijas habidas de la relación con su ex pareja, tuviera que ausentarse por un tiempo para ser tratado por enfermedad, circunstancia que aprovechó la ex mujer para acceder por la fuerza al inmueble, donde permanece hasta la fecha.

La denuncia interpuesta por la familia del adjudicatario (que renunció a la vivienda en septiembre de 2016 pero no pudo entregar las llaves al estar ocupada), fue resuelta por sentencia judicial con orden de lanzamiento en febrero de este año. Los servicios sociales municipales, con los que AVRA mantiene una estrecha colaboración en situaciones como ésta, solicitaron aplazamiento de la ejecución para buscar una solución a la ocupante, que comparte la vivienda con su otra hija, la menor de las dos.

Sin embargo, la mujer ha rechazado las tres alternativas que desde febrero se le han venido ofreciendo: dos alojamientos provisionales en tanto quedara libre una vivienda para ella por encontrarse en riesgo de exclusión social, y una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento para gestionar un alquiler hasta disponer de vivienda para adjudicársela por el procedimiento reglamentario.

Dado que la denunciada no ha aceptado ninguna de esas tres alternativas, finalmente se procederá al lanzamiento, en cumplimiento de la orden judicial que resuelve la denuncia interpuesta por su ex marido. Tras ese acto, AVRA, que en paralelo al procedimiento judicial ha tramitado un expediente administrativo de desahucio por la ocupación de la vivienda sin título, podrá recuperarla y ponerla a disposición del Registro Municipal de Demandantes, para que proponga nuevo adjudicatario.

Los 78 procedimientos abiertos en la provincia de Granada, entre los resueltos y los que se tramitan, se han impulsado contra situaciones de ocupación irregular. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene previsto iniciar también procedimientos por morosidad en el pago de las rentas, contra inquilinos que incumpliendo las obligaciones contraídas en sus contratos, adeudan grandes cantidades por ese concepto. Esa acción contra la morosidad, enmarcada también en la estrategia para una mejor gestión del parque público de vivienda, es necesaria para poder disponer de los recursos económico derivados del pago las rentas de los inquilinos ya que contribuyen a sostener el adecuado mantenimiento de este patrimonio residencial.