La Justicia del siglo XXI no cerrará en agosto
El Gobierno crea un nuevo modelo de Justicia para el siglo XXI que agilice las resoluciones judiciales, reduciendo el tiempo de repuesta. El equipo de HispaColex, que tiene abogados en Granada, Málaga Jaén y Huelva, ofrece las 5 medidas claves de la reforma prevista:
- Reorganiza los tribunales a través de la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, manteniendo todas las sedes judiciales para optimizar los recursos de la Justicia.
- Fortalece la especialización judicial potenciando las pruebas de excelencia y profesionalización para los miembros de la carrera judicial, con objeto de contribuir a mejorar la calidad de la Justicia.
- Pretende reducir la litigiosidad mediante la seguridad jurídica de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo que será publicada cada tres meses en el BOE. Además se crea un sistema de consulta prejudicial que abre una vía de diálogo entre los Jueces y el Alto Tribunal.
- Los asuntos de especial trascendencia, entre ellos los que se juzgan en la Audiencia Nacional, pasarán a ser instruidos por colegios de tres jueces para incrementar la seguridad jurídica.
- Potencia la función de los secretarios judiciales, que pasan a ser letrados de la Administración de Justicia, como directores de la oficina judicial, y establece como hábil el mes de agosto para actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.
Las líneas fundamentales de reforma que incorpora el informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial han sido dadas a conocer en Consejo de Ministros y va a suponer la tan deseada agilización de la Justicia - tachada desafortunadamente con el adjetivo de “lenta”- al disponer una adaptación de las estructuras existentes a la realidad económica, social y jurídica del siglo XXI. Ese objetivo se logrará a través de una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los procedimientos gracias, entre otros aspectos, a la reorganización de los Tribunales y al aumento de la profesionalización y especialización judicial, que, junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, contribuirán a incrementar la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.
Según el citado informe, en este nuevo modelo se restringe el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluye a S.M. la Reina y a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias y desaparecen las categorías judiciales pero se mantiene la nominación de magistrado de forma honorífica.
Este texto sustituirá al vigente, que desde su aprobación en 1985 ha sufrido más de cuarenta modificaciones.
