La Ley de Transexualidad

Parece que la “Ley de transexualidad” que hace tan sólo unos días los parlamentarios en Sevilla han aprobado por unanimidad, no ha tenido muy en cuenta la situación real de los andaluces. Esta ley no sólo asegura la no discriminación e igualdad de derechos, sino que otorga una serie de medidas, como la inclusión del tratamiento de cambio de sexo en el Sistema Nacional de Salud, la concesión de prestaciones sociales a los transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual, la creación de consultorios para transexuales, la protección financiera a las organizaciones de autoayuda, la adopción de medidas especiales para favorecer el trabajo de los transexuales, el derecho al cambio de nombre y de inscripción de sexo en la partida de nacimiento, DNI y resto de documentos personales, entre otras medidas.

La cuestión es: ¿Qué clase de derecho puede justificar que un colectivo, independientemente de su identidad sexual tenga una serie de ventajas sobre el resto de ciudadanos? Porque si admitiéramos que la razón es la discriminación sufrida en épocas pasadas, también podrían unirse el “Colectivo de jóvenes en paro de Andalucía”, pues la mayor discriminación es la imposibilidad del acceso a un trabajo digno; o el “Colectivo de afectados dentales”, los cuales se sienten discriminados por no poderse pagar la restauración dentaria y por tanto no poder comer bien; o “El Colectivo de gitanos de Andalucía” por las injusticias sufridas en razón de su raza; o el “Colectivo de desahuciados andaluces”, y así hasta el infinito. Póngase en la piel de unos padres pensionistas a los que les toca dar de comer a hijos y nietos, y dígales que la Junta de Andalucía dedica parte de sus impuestos a pagar las operaciones de cambio de sexo de los que sienten que su identidad de género no se corresponde a “la asignada al nacer”. Probablemente contestarían que el elevado coste que supone cada operación se destine a crear trabajo.

Pero lo verdaderamente catastrófico es que esta Ley pretende ser tan integral que abarca a la infancia, sin especificar la edad, pues la ley “incluye el derecho a que les sea reconocida su propia identidad de género dentro del proceso de formación de su personalidad”. Esto recuerda a lo que solemnemente dijo una parlamentaria del PP andaluz hace unos días: “un niño de 5 o 6 años sabe perfectamente si es un niño o no”. ¡Eso sí que es un descubrimiento! Pero en el hipotético caso de que el niño o niña tuviera alguna duda, ¿ese sentimiento justifica que todo el sistema educativo, social o médico tome unas medidas tan desorbitadas para con el niño, por la sola razón de “cómo se siente”? No se puede elevar a la categoría de absoluto los sentimientos de un niño, pues precisamente por serlo, carece del pleno desarrollo de sus facultades y por tanto de la plena madurez para tomar una decisión que en el paso de unos años podría ser la contraria.

La ley pretende “proteger los derechos SUPERIORES de los menores transexuales…enfrentar VIGOROSAMENTE el rechazo del entorno educativo, social y familiar”, “La ley debe garantizar que se dará satisfacción a la necesidad íntima e INVENCIBLE de las personas transexuales”… ¿Esto contempla la operación de cambio de sexo en contra de la voluntad de sus padres? El lenguaje totalmente parcial del documento va más allá, pues: “Hay que superar definitivamente anacronismos como las terapias «curativas»”. Esto no es libertad, sino imposición de pensamiento único. Pues en el caso de un niño con dificultades de identidad, ¿no es lo lógico que los padres acudan primero y porque les da la gana a los profesionales y entendidos en la materia? ¿O son los políticos los que van a imponer a las familias cómo tienen que educar, cómo actuar y cómo pensar? Es absurdo concluir que el sentimiento o comportamiento de un niño o niña determina inequívocamente su transexualidad, o variante de género.

Señores políticos, con la infancia no se juega, y mucho menos se experimenta, sino que debe ser respetada y protegida. Y esto no es una discriminación a ninguna persona, independientemente de su sexo. Si “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, precisamente por eso ningún colectivo debe tener más derechos que nadie. Y más cuando las leyes de ayuda a las necesidades reales de tantas familias y tantos niños y niñas brillan por su ausencia.