La nueva Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, “un gran avance” para 56.200 granadinos

La delegada del Gobierno, Sandra García y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, se han reunido hoy con entidades y colectivos para informarles “del avance que supone para Comunidad autónoma en materia de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia” la reciente aprobación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020 y del proyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con Discapacidad, respectivamente. En Granada hay 56.200 personas con una discapacidad del 33 por ciento o más.

Sandra García ha destacado que la nueva normativa contempla un régimen sancionador para reforzar y garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal y que su objetivo es facilitar las mejores condiciones y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más impediente posible.

El texto actualiza el concepto legal de ‘personas con discapacidad’, que a partir de ahora tendrá en cuenta no sólo las circunstancias personales o de la salud de la persona sino también las condiciones externas que le vienen impuestas. Igualmente prevé medidas de acción positiva para colectivos más vulnerables como las mujeres y la infancia.

La ley contará con más de 1.300 millones de euros anuales para asegurar las medidas de accesibilidad y apoyos individualizados que sean precisos a las personas con discapacidad.

Respecto al I Plan andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, prevé una inversión de 1.765 millones de euros --353 millones anuales—para ayudar a disminuir situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en esta situación, así como promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están contempladas como dependientes.

El ámbito de aplicación es mayor que el de la ley de dependencia puesto que va dirigido a la población andaluza en general, aunque contiene acciones concretas para colectivos específicos como personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y población con distintos factores de riesgo como el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y drogas, entre otros.

La Junta resalta el “carácter participativo” tanto de la ley como del plan, en cuyas elaboraciones han contando con las aportaciones de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia, además de someterlo a información pública en el caso de la norma legal, y de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones distintas en el caso del plan.