La nueva ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad primará la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial

La Junta de Andalucía reservará el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y que actualmente suman 537 en el conjunto de la comunidad. Esta es una de las principales medidas recogidas en el anteproyecto de ley que reforzará los derechos sociales de este colectivo, integrado por más de 700.000 andaluces (mujeres en un 61%).

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, al presentar el inicio de los trámites para la elaboración de esta norma, que sustituye a la vigente desde 1999 y establece con carácter general cláusulas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad en las contrataciones públicas.

La futura Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales.

La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.

Entre los derechos regulados en la nueva normativa destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

DISCAPACIDAD EN GRANADA

En la provincia de Granada residen más de 50.300 personas con discapacidad, según el delegado del área, este número se reparte prácticamente al 50% entre hombres y mujeres, “mayoritariamente en la franja de edad comprendida entre los 19 y los 64 años y también mayoritariamente afectados por una discapacidad de carácter físico”, según datos del Centro de Valoración y Orientación de las Personas con Discapacidad de la Junta en Granada. Un centro que gestiona cada año en torno a los 8.000 expedientes.

Los datos ofrecidos por Almagro cifran en 26.845 personas las afectadas por una discapacidad física; 9.817, psíquica; 3.350, sensorial y 10.383, mixta. Los cupos de edad con más personas en ellos son los que comprenden desde los 19 y hasta los 64 años (25.618 personas) y el de más de 65 años (21.966 personas).

Por grado de afectación, 24.269 personas presentan un grado de discapacidad de entre el 33 y el 64% y el resto, 26.126 de entre el 65 y el 100%; independientemente del tipo de discapacidad si bien por su número son mayoritariamente físicas, seguidas de discapacidad mixta, psíquica y sensorial.

GARANTÍAS

Entre otras garantías, sanitarias y sociales, la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad obligará a regular por decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores de seis años. De este modo, se garantizará la respuesta integral a las necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos, un servicio que actualmente presta la Junta a más de 16.000 niños.

La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.

La futura normativa también determinará medidas adicionales a las ya existentes en las normas sanitarias a fin de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a recibir una atención igualitaria. Para ello, se establece, entre otras cuestiones, la necesidad de ofrecer formación y protocolos de actuación específicos para los profesionales.

El texto normativo consta de 72 artículos, distribuidos en un título preliminar y once títulos que regulan los principios de actuación, instrumentos de gobernanza y medidas a desarrollar para facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad. La norma se completa con cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finale