La ONU expresa su preocupación por el aumento de la violencia contra activistas y ecologistas en Brasil
Solheim ha reclamado una "investigación total, imparcial y transparente" en torno al asesinato de Nazildo dos Santos Brito y los dos líderes de la Asociación de Caboclos Indígenas y Quilombolas de la Amazonía
El director de Medio Ambiente de Naciones Unidas, Erik Solheim, ha condenado el asesinato del ecologista brasileño Nazildo dos Santos Brito y ha expresado su "profunda preocupación" por el incremento de la violencia contra los activistas a favor del derecho a la tierra en el país.
"El reciente asesinato de Nazildo dos Santos y otros dos ecologistas en el estado de Pará es una muestra de un preocupante patrón de venganza contra los que protegen sus derechos medioambientales y humanos", ha dicho en un comunicado.
Así, ha recordado que "los derechos sobre la tierra están garantizados por la Constitución brasileña y deben ser cumplidos por el Gobierno y respetados por las empresas", antes de recalcar que "el asesinato de indígenas que viven en el frente de la protección ambiental es inaceptable".
Por ello, Solheim ha reclamado una "investigación total, imparcial y transparente" en torno al asesinato de Nazildo dos Santos Brito y los dos líderes de la Asociación de Caboclos Indígenas y Quilombolas de la Amazonía asesinados desde diciembre.
"Esta violencia en el corazón de uno de los lugares ecológicamente más importantes sobre la Tierra daña los muchos avances que ha logrado Brasil en los últimos años para salvaguardar sus recursos naturales de un uso insostenible", ha argumentado.
Solheim ha subrayado que "las soluciones a los desafíos de los derechos de la tierra están disponible y han sido aplicadas en muchas partes del mundo", antes de destacar que "se debe dar espacio a las comunidades indígenas y locales para hablar sobre problemas intrínsecos a sus derechos".
Dos Santos Brito, de 33 años, fue asesinado a principios de mes, según confirmó la Policía. El activista había sido denunciado en varias ocasiones por la empresa Biopalma de Amazonia SA, subsidiaria del gigante minero Vale, que le acusó de invasión y amenazas, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.
Brasil fue el país más peligroso para los activistas por los derechos de las tierras en 2016, con un total de 50 asesinados, según las cifras publicadas por la organización Global Witness.
