La ONU y la CIDH alertan sobre el continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, han alertado sobre el continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela.

"Estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas", han subrayado este jueves, según informa la ONU.

Los dos expertos han alertado sobre las últimas detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios. "Estamos alarmados por la noticia de que varios periodistas fueron detenidos mientras cubrían saqueos o informaban al público sobre las protestas", ha asegurado Lanza.

"Las fuerzas de seguridad deben proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que llevan a cabo su labor legítima de informar al público", ha dicho Kaye. "Las amenazas o ataques contra periodistas y medios de comunicación no sólo infringen los derechos de estas personas sino que además socavan la capacidad de los venezolanos e individuos en otros lugares de estar informados sobre eventos de vital importancia", ha advertido.

Lanza ha asegurado que hace falta prestar una "atención inmediata" a las informaciones sobre los últimos ataques contra los periodistas que cubren el impacto de la reciente crisis económica" sobre el terreno, en referencia a los agresiones registradas contra periodistas que cubrían las protestas de escasez de alimentos en Caracas el pasado 2 de junio y los ataques contra los diarios 'El Aragüeño', 'El Caroní', y 'El Nacional' a finales del mismo mes.

El Relator Especial de la CIDH ha señalado que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas y debe responder sin demora a las acusaciones de violencia e intimidación que sufre la prensa. "Es esencial que las autoridades venezolanas actúen con la debida diligencia y rapidez para determinar los hechos y castigar a los responsables. Las alegaciones acerca de que los atacantes pertenecerían a grupos que apoyan al Gobierno también son especialmente preocupantes y requieren una atención especial", ha afirmado.

"El acoso de los medios de comunicación por parte de los agentes del orden público evidentemente dificulta la capacidad de los periodistas de llevar a cabo su vital labor y propaga un fuerte 'efecto disuasivo' que afecta a toda la sociedad", ha dicho Kaye.