La ‘Operación Nazarí’ marca la política local en 2016
La presunta trama de corrupción costó la alcaldía a José Torres Hurtado, tras trece años de mandato / Paco Cuenca se convirtió en el séptimo alcalde democrático de Granada
Por primera vez en la historia de la democracia en Granada, un alcalde de la capital se vio obligado a presentar su renuncia por verse implicado en un presunto caso de corrupción. La fecha del 13 de abril de 2016 pasó a la leyenda negra de la ciudad y supuso el fin de la carrera política de José Torres Hurtado, quien había gobernado de forma ininterrumpida durante 13 años (desde 2003) tras ganar cuatro elecciones municipales consecutivas, las tres primeras por mayoría absoluta, algo inédito en Granada.
La sospecha de una supuesta trama urbanística hizo intervenir ese 13 de abril a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), que desplegó un espectacular y mediático dispositivo desde primera hora de la mañana, con registros en el Ayuntamiento y en la sede de Urbanismo, así como en domicilios privados -entre ellos el del entonces alcalde- y en las sedes de las empresas constructoras implicadas. Estas diligencias se saldaron con 17 detenidos, entre ellos el propio Torres Hurtado y su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, así como varios altos cargos municipales y algunos conocidos constructores granadinos.
La intervención policial, que fue bautizada como ‘Operación Nazarí’, pasó a llamarse con posterioridad en el ámbito judicial ‘Caso Nazarí’.
Cinco días después de la intervención de la UDEF, Torres Hurtado e Isabel Nieto presentaron su dimisión y, junto a ellos, también anunció su renuncia el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, forzado por el propio Torres Hurtado, con quien mantenía una dura guerra personal y política. El ya exalcalde defendió con ahínco su inocencia y justificó su dimisión -forzada desde la dirección nacional de su partido- para facilitar la gobernabilidad de la ciudad y evitar una moción de censura, algo que finalmente no se logró. Juan García Montero quedó como alcalde en funciones hasta que el 5 de mayo -solo 22 días después de que saltara el escándalo –Paco Cuenca se convirtió el nuevo alcalde con el apoyo de Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida, siendo el séptimo alcalde de Granada desde que se reinstauró la democracia en España, el quinto perteneciente a las filas del PSOE.
Más tarde, ente la juez que instruye el caso, Torres Hurtado volvió a defender su inocencia y se desvinculó de la gestión urbanística del Ayuntamiento, al declarar que esta estaba en manos de los técnicos y de la concejala del área, quien tenía delegadas las competencias. Isabel Nieto también negó haber cometido irregularidades en su gestión y atribuyó el origen de la supuesta trama de corrupción a una serie de denuncias falsas.
El pasado 7 de noviembre, y tras varios meses de espera, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, decretó por fin el levantamiento del secreto de sumario, algo que tardó siete meses en producirse. Tres semanas antes, personal de la UDEF hizo entrega de trece cajas con toda la documentación recopilada, que contenía entre 15.000 y 18.000 folios agrupados en ocho grandes asuntos. En términos informáticos, 21 gigas de sumario.
El contenido del documento implica a 11 empresas e investiga a 18 personas -entre ellas altos cargos, técnicos municipales y empresarios de la ciudad- por presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
En el mismo, las investigaciones policiales hablan de una “organización criminal” al frente del Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada que estaría supuestamente liderada por Torres Hurtado, Isabel Nieto y el funcionario del área de Urbanismo Manuel Lorente. Y cifraba en 20 millones de euros el perjuicio causado a la ciudad en, al menos, ocho operaciones urbanísticas. Las pesquisas policiales reflejaron que la supuesta trama imponía criterios que no eran acordes con la legalidad urbanística para beneficiar siempre a los mismos empresarios o a los familiares de los investigados, y que sin algún funcionario se oponía era presionado o relegado de sus responsabilidades.
El fin de este caso, y las responsabilidades civiles o penales que conllevarán, están por esclarecerse aún. Pero las innegables consecuencias políticas que ha acarreado han marcado el rumbo de la agenda en 2016.
