La rectora subraya que la UGR "se ha puesto al frente de la defensa" de los contratados predoctorales
"Lo que todos queremos es que haya una normativa reguladora clara de la situación laboral de los contratos predoctorales", ha señalado Aranda
La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha subrayado este miércoles que la institución académica "se ha puesto al frente de la defensa" del colectivo de investigadores predoctorales cuyos contratos han sido modificados en su codificación pasando de ser de obra y servicio a contratos en prácticas.
A preguntas de los periodistas, Pilar Aranda ha indicado que, según el informe solicitado cuando se detectó la modificación, este cambio "no afecta en absoluto a los derechos que tienen" estos científicos si bien tendrían que pedir "anualmente" la tarjeta de asistencia sanitaria europea.
La Universidad de Granada aplicó la modificación "tal y como legalmente nos ha obligado" el Ministerio de Empleo y Seguridad Social después de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas hiciera una "consulta" en 2014 sobre estas contrataciones, ha explicado Aranda quien ha añadido que "la respuesta nos ha venido dada en un cambio de código" de los contratos predoctorales.
"Lo que todos queremos es que haya una normativa reguladora clara de la situación laboral de los contratos predoctorales", ha señalado Aranda en referencia a la petición del colectivo en el ámbito nacional.
Así, la rectora ha pedido una "respuesta clara" al Gobierno respecto del que es, según ha destacado, "el eslabón más débil de la cadena de la investigación" con becarios y contratados predoctorales que deben tener unas "condiciones óptimas para hacer lo que deben de hacer que es no preocuparse por su situación laboral" sino por procurar "un avance" en la el trabajo científico.
Una solicitud planteada por la asamblea de investigadores predoctorales de Granada al Gobierno y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la plataforma digital change.org ha conseguido más de 65.000 firmas de apoyo a su petición para que la administración dé marcha atrás tras cambiar los contratos predoctorales por obra y servicio a contratos en prácticas, a fecha de 1 de septiembre de 2015.
Según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, este cambio que piden enmendar de forma "urgente" se ha aplicado "sin previo aviso, de forma ilegal" por lo que los investigadores de la Universidad de Granada, los primeros en movilizarse ante esta situación en el ámbito nacional, sienten "indefensión".
"Este cambio supone un retroceso en los derechos y las condiciones laborales de nuestro colectivo que durante años ha conseguido que las condiciones laborales de los investigadores predoctorales sean equiparadas con el resto de personal docente e investigador", indica la petición que sigue abierta y subraya que esta situación se ha dado "en la Universidad de Granada, pero también en el resto de Universidades y numerosos centros del CSIC por todo el país" en que "se ha modificado la codificación de los contratos y, además, se ha alterado los informes de vida laboral en la Seguridad Social de forma retroactiva".
Por ello, consideran necesario también "la creación de un contrato predoctoral que cumpla con la Ley de Ciencia y evite este tipo de situaciones precarias y que se reconozca la labor que se realiza con estos contratos como un periodo laboral donde todos los derechos sean respetados".
