“La reforma de la administración local es una norma perversa”

La ley para la reforma de la administración local entró en vigor el pasado 1 de enero, pero su aplicación real se verá reflejada en la vida cotidiana a partir del año 2015. Hasta entonces, es el momento de análisis y reflexiones acerca del impacto que tendrá esta norma que, en principio, busca la sostenibilidad del sistema en las instituciones públicas.

La normativa trata distintos aspectos. Muchos están ya muy manidos, pero uno de ellos, el referente a los servicios sociales, apenas ha sido mencionado. La ley prevé que este tipo de prestaciones pasen a ser competencia de las autonomías y dejen de depender de los Ayuntamientos, una modificación que no parece agradar a los interesados.

Francisca Martín es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada. La representante de la corporación habla con mesura y sin elevar el tono, pero transmite claridad en sus ideas y no se corta a la hora de criticar aquello que considera injusto: “La reforma de la administración local nos hace volver hacia atrás”, asegura Martín.

Para esta trabajadora social, los recortes en servicios sociales se han escondido tras una cortina de humo en la que tan solo se vislumbraba el descenso en los sueldos de los políticos: “De la parte de servicios sociales no se ha dicho nada, pero hay un apartado de la ley que afecta mucho”, advierte Martín.

En ese sentido, ha avisado de que “cuando alguien no tiene más recursos, acude a los servicios sociales” y ha insistido en que la ley impedirá cubrir todos los frentes abiertos: “Esto rompe el sistema tal y como está concebido y las consecuencias las va a sufrir el ciudadano”, lamenta Francisca Martín, que asegura que la norma supone un retroceso en su lucha.

Además, la responsable de los profesionales de Trabajo Social ha instado a los Ayuntamientos a acogerse a la parte de la normativa que les permite asumir la gestión de los servicios sociales a pesar de que el gasto de estos corra a costa de la Junta: “Queremos que todos convenien”, afirma Martín. Y añade: “Un problema de la ley es que obliga a la región a pagar los servicios y no tiene en cuenta el techo de gasto”.

Por ello, Francisca Martín ve peligrar el sistema “público y de calidad” que se prestaba hasta ahora en España: "Nos interesa que los servicios se presten con garantías. Lo público es lo que nos ha hecho avanzar y la ley está concebida desde otra óptica”, asevera la presidenta de los trabajadores sociales de la provincia, que concluye con una frase pesimista: “Estamos volviendo hacia atrás”.