La reinserción y la seguridad, en riesgo en la prisión de Albolote
La falta de funcionarios, sumado al hacinamiento en el Centro Penitenciario, pone en peligro el control de los presos pero también la atención que reciben
Muchos de los trabajadores y representantes sindicales de la prisión de Albolote siguen en su lucha para conseguir un refuerzo de personal y de funcionariado para hacer frente a varios problemas que, según sus portavoces, acompañan a la prisión granadina desde hace tiempo: hacinamiento, falta de seguridad y falta de higiene.
“Ya no es solo una cuestión de control sino de la atención que se les presta a los internos para la reinserción social”, comenta a Granada Digital, Francisco Amaya, médico en la prisión y ahora presidente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado.
Ayer, la plataforma sindical de la prisión (integrada por APFP, CCOO, CSI-F y UGT), volvía a concentrase en la puerta de la subdelegación del Gobierno en Granada para poner, un mes más, la tilde a un problema que afecta tanto a los trabajadores como a los internos; un problema que lleva meses sin ser resuelto en una prisión de la categoría 1.1, en la que existen reos con cierta peligrosidad. “Actualmente tenemos presos yihadistas, etarras, bandas organizadas...”, nos comenta Amaya. Ellos forman parte de los 1.470 internos que hay actualmente en la prisión. “Son 1.470 para las 1.008 plazas reales con las que cuenta la prisión”, matiza el presidente de la Junta de Personal, quien nos recuerda que la prisión de Albolote es una de las prisiones con más internos de España. Concretamente, la segunda de España.
Acceso al Centro Penitenciario de Albolote | Autor: Granada Digital
FALTA DE PERSONAL
El número internos sobrepasa las plazas. Un problema para el control y seguimiento al que se le añade otro preocupante: faltan también funcionarios dentro de la prisión. Faltan 80 y, según las previsiones que manejan estos sindicatos, en dos años, teniendo en cuenta jubilaciones y que no se cubren esas plazas, podrían llegar a faltar 180.
El Centro Penintenciario de Albolote tiene una relación de puestos de trabajo sustancialmente inferior a la del resto de prisiones con una estructura similar. Además, según apunta la plataforma sindical, la media de edad de la plantilla supera los 53 años, lo que motiva las jubilaciones o el paso de los funcionarios a Segunda Actividad, sin que se cubran las plazas vacantes que dejan. Pasar a Segunda Actividad significa que esas personas ya no tienen contacto directo con los presos como por ejemplo, las noches de guardias.
Ante este panorama la pregunta más lógica que se nos ocurre formularle a Amaya es si es una cárcel segura, si debido a este déficit, del que son conscientes los propios internos, los funcionarios pueden correr peligro. “Hay miedo pero afortunadamente, hasta ahora, no ha habido incidencias graves. Es más, los internos, que conocen la situación en la prisión, empatizan con los trabajadores”, responde Francisco Amaya. “Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando acompañamos a un preso a algún lado, van tres funcionarios, en vez de cinco, como debería de ser”, ejemplifica Amaya, dando a entender que el control y la seguridad ya no es lo mismo.
La única solución viable que ven es el cierre de al menos un Residencial (dos departamentos) y establecer la prisión como un Centro de referencia de Andalucía en “módulos de respeto”. “Se trataría de reubicar a los presos en otras provincias, y con eso conseguiríamos retraer a cinco o seis funcionarios en cada turno”.
La mayoría de los presos que hay en Granada provienen de otros puntos de España, porque, curiosamente, Granada es una de las provincia con menor índice de criminalidad. En 2015, tuvimos un módulo vacío para resolver un problema relativo a los sistemas informáticos y 140 internos se repartieron a otras prisiones, mientras se acometía dicha actuación, y todo ha ido bien”, detalla Francisco Amaya. Reducir un mínimo de 250 personas, las que caben en dos módulos, mejoraría la situación de seguridad en el centro, opina.
“Hay muchos presos que no tienen familia y otros a los que nadie le visita y quizá la única conversación que pueden tener al día es con alguno de los funcionarios que trabajan en la prisión. Y si no tenemos ni un minuto para hablarles, para dedicarles algo de atención, es complicado”, nos comenta honestamente este médico haciéndonos entender que una buena atención e implicación con esas personas también da resultados para su reinserción en la sociedad. La labor de los psicólogos, educadores y otros agentes que intervienen en la rehabilitación o insercción de los presos se ve condicionada.
EL PROBLEMA DE LAS PLAGAS
Al problema de hacinamiento y falta de personal se suma otro más que ya ha sido denunciado en varias ocasiones y que este sí parece haber mejorado “aunque no solucionado”, matiza Amaya. Se trata de una plaga de cucarachas que hubo en la prisión a finales del pasado verano, y que afectó no solo a las celdas sino a dependencias tan singulares como la cocina o la enfermería. Se denunció públicamente y ante la inspección de trabajo y dos empresas, la primera no pudo resolver bien el problema, la segunda sí, se encargaron de “limpiar” la zona.
“Santiago Pérez (el que fuese Subdelegado del Gobierno en Granada) quiso organizar una visita nocturna con los medios de comunicación a la prisión para que viesen, con sus propios ojos, el estado de la prisión, algo a lo que se negó la Dirección del Centro, y por algo sería…”, recuerda Francisco.
La situación, en cuanto a roedores y cucarachas, parece que ha mejorado pero sí que siguen existiendo problemas con los sistemas informáticos que regulan, por ejemplo, el sistema de la apertura de compuertas o suenan alarmas sin motivo alguno, factores fundamentales para garantizar la seguridad, “por no hablar del mobiliario, antiguo y dañado”, añade Francisco.
RESPONSABILIDADES
Tras varios años lanzando estas quejas, y sin que la Dirección del Centro “haya hecho algo”, la plataforma sindical, que representa al 90% de los trabajadores, no quiere ésta no siga al frente si se quiere garantizar la seguridad y un mínimo de higiene y salud.
Y en ello han estado inmersos los sindicatos que integran la plataforma, intentando negociar tanto con la Dirección del Centro y que, incluso, han cursado peticiones al máximo representante de las instituciones penitenciarias en España, Ángel Yuste (Ministro de Interior), sin obtener respuesta alguna.
Buscando apoyo y comprensión y, sobre todo, un giro en el timón de la dirección, antes de las elecciones, los sindicatos se reunieron con todos los candidatos de los partidos políticos al Congreso de los Diputados para la provincia de Granada. “Todos se comprometieron a exigir este cambio para mejorar las condiciones dentro de la cárcel”, nos comenta Francisco Amaya. “Tenemos la esperanza que cuando el Gobierno termine de asentarse, este contacto con los grupo políticos se haga efectivo y mejore la situación, que debe pasar por cambiar la dirección de la prisión porque esta es ineficaz”, critica.
