La retirada del personal en las gasolineras automáticas dejaría 6.000 empleos menos en Granada

El pasado mes de septiembre, la Junta de Andalucía retiraba el decreto que exigía personal en las gasolineras automáticas. El gobierno andaluz planeaba aprobar esta medida en los próximos meses, obligando a los establecimientos a contar con, al menos, un trabajador mientras permaneciese abierto al público, pero tuvo que dar marcha atrás ante el recurso presentado por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

Estas acciones llegaron, además, en un momento en el que la Comisión Europea obligaba a las comunidades autónomas contrarias a la implantación de este tipo de gasolineras a recular. El organismo europeo realizaba estas acciones esgrimiendo el argumento de que la interferencia del gobierno obligaba a las empresas a contratar trabajadores, lo cual chocaba con los principios del libre mercado.

Sin embargo, esta decisión tiene unas consecuencias. Andalucía cuenta con 184 gasolineras desatendidas (automáticas), de las cuales 33 se encuentran en Granada, una cifra que se ha duplicado desde 2014. Estas gasolineras suponen, según datos facilitados por CCOO y UGT, 1,58 empleados por establecimiento, mientras que una gasolinera normal cuenta con 5,41. De este modo, los sindicatos estiman que la retirada de este decreto implica la pérdida de 6.000 puestos de empleo en Granada.

Desde CCOO señalan que este tipo de establecimientos suponen "un atentado contra las personas con discapacidad que necesitan algún tipo de ayuda específica", según una nota emitida por el colectivo de forma conjunta con UGT. Por ello, desde Comisiones Obreras piden a los ayuntamientos implicados "que no autoricen su puesta en marcha", tal y como reza el escrito.

Por otra parte, desde UGT alertan de que "se pone en tela de juicio la accesibilidad de los colectivos con minusvalía, poniendo también en grave riesgo la seguridad del resto de ciudadanos". Además, consideran "irresponsable" el hecho de que "se permita el acceso incontrolado de cualquier persona a los combustibles que se sirven en estos establecimientos sin control, ni garantías en materia de seguridad del suministro y sin la formación y cualificación adecuada para dispensar dicho carburante".

Por estos motivos, ambos sindicatos de forma conjunta piden la implicación de todas la administraciones públicas ante algo que tachan como "la desregulación del sector de gasolineras", para que se ponga freno a esta situación, así como que las corporaciones locales incorporen el contenido del decreto en la medida de no autorizar la instalación de estaciones de servicio desatendidas en sus municipios, según señala el escrito emitido.