La secretaria de Estado de Justicia sitúa a las víctimas del delito en el núcleo de las prioridades de la actividad legislativa

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha participado esta mañana en la inauguración del IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Género que se celebra en Granada, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Granada. Un acto en el que han intervenido también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.

Sánchez-Cortés ha defendido la celebración de este tipo de foros en los que se debate no solo sobre los instrumentos para luchar contra el delito y proteger a la víctima, sino también sobre los mecanismos de prevención para intentar erradicar toda forma de violencia. En esa línea, ha recordado a las 32 mujeres que han perdido la vida en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.

La secretaria de Estado ha destacado el compromiso del Gobierno central en el ámbito de la aplicación normativa respecto a las víctimas. Una pieza clave en la protección, reconocimiento y defensa de su dignidad es, ha señalado, la ley que regula el Estatuto de la Víctima del Delito, en la que por primera vez en nuestra historia se reconoce a las víctimas un Estatuto propio que amplía sus derechos, obliga a una sentencia personalizada, pretende evitar una segunda victimización y consagra el principio de humanidad hacia la víctima.

La reforma del Código Penal recoge una mejora de la respuesta penal a la violencia contra las mujeres y frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial incrementa las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, garantiza asistencia especializada a las víctimas en los Institutos de Medicina Legal y refuerza la formación especializada de todos los operadores jurídicos.

Asimismo, Sánchez-Cortés ha destacado la importancia del uso de LexNET y del avance de las nuevas tecnologías que van a permitir una respuesta más rápida y ágil a las víctimas.

En materia de asistencia jurídica gratuita se ha hecho un esfuerzo relevante al incluir a las víctimas de violencia de género entre otros colectivos especialmente vulnerables. Asimismo, se reconoce por primera vez a los menores como víctimas de violencia de género y se establece que tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección.

A la Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género con la que España se ha convertido en un país de vanguardia al establecer una hoja de ruta de medidas dedicadas a la prevención, detección de malos tratos, sensibilización, atención personalizada y asistencia a los grupos más vulnerables, hay que sumar, tal y como ha señalado Sánchez-Cortés, la mejora en la dotación de medios humanos y materiales. Así, el Ministerio de Justicia ha destinado este año 45 millones de euros a estas acciones.

De cara al futuro, la secretaria de Estado ha hecho un llamamiento a forjar amplios consensos en el marco de una Estrategia Nacional en la que la Justicia sea un eje estratégico al servicio de la sociedad y del progreso del país. Un agente cuya prioridad siga siendo perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y la protección de los menores, en el que la víctima debe seguir siendo el centro. Y en ese objetivo ha destacado el papel esencial de los abogados que asesoran, defienden y acompañan a este colectivo.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA APUESTA POR EL APOYO A LAS VÍCTIMAS

Durante el encuentro, la directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, ha subrayado la importancia de la sensibilización y formación de las personas profesionales de la abogacía para apoyar a la víctima durante el procedimiento judicial, en el que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y puede llegar a abandonar el proceso. De este modo, ha recordado que, según los datos del primer trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 12,96% de las víctimas renuncian al procedimiento judicial, y un 13% se acoge al derecho a no declarar contra su agresor.

En este sentido, la directora ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central se adhiera a la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, un documento que incluye medidas urgentes para prevenir y para proteger a las víctimas, tales como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja.

Otras medidas propuestas son: la equiparación del terrorismo machista a otros tipos de terrorismos (igualando el presupuesto destinado a la prevención y a la asistencia social de las víctimas); la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; la visibilización de las víctimas indirectas (familiares, entorno,...); el restablecimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como instrumento de prevención; la adecuación de la normativa al Convenio de Estambul para incluir otros tipos de violencia de género como la trata, la violencia sexual, la prostitución o la mutilación genital; el cumplimiento íntegro de las penas; o la autorregulación para erradicar estereotipos discriminatorios en los medios de comunicación, la publicidad y la industria audiovisual, entre otras.