La suspensión de desahucios provocaría pérdidas de 9.000 euros por propietario

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) estima que la nueva suspensión de desahucios provocaría unas pérdidas acumuladas de 9.436 euros a cada propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, así como un volumen medio de morosidad de 132,68 millones de euros.

Este es el cálculo realizado por la Agencia Negociadora del Alquiler tras analizar la situación de impagos desde el inicio de la pandemia tomando los datos de lanzamientos por impago de alquiler del Consejo General del Poder Judicial, lo que refleja datos "alarmantes".

En concreto, estima que la nueva suspensión de los lanzamientos de los desahucios sin alternativa habitacional, que en breve se aprobará hasta el 9 de mayo de 2021, va a provocar pérdidas totales de más de 9.000 euros a cada arrendador de vivienda que desde que se iniciara el estado de alarma ya viniera sufriendo impagos de rentas.

El director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, explica que el impacto estimado es de 14 meses desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del real decreto del 31 de marzo, hasta la última prórroga, que previsiblemente será aprobada antes de fin de año, y durará hasta la finalización del estado de alarma prevista para el 9 de Mayo de 2021.

Tomando el precio medio del alquiler en España (674 euros), la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario, señala Zurdo, quien avisa de que cuando el propietario vaya finalmente a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos y en algunos casos con impago de suministros, que "pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada".

En consecuencia, la morosidad media en el alquiler llegará a la cifra de 132.689.032 euros por los lanzamientos por no pagar el alquiler, que no se han llevado a cabo por las prohibiciones decretadas.

Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo un total de 27.157 lanzamientos por desahucios por no pagar el alquiler, mientras que en el mismo período de 2020 se han producido 13.095 lanzamientos. Según Ana, si se restan de la cifra total del año pasado, significa que "por las medidas adoptadas por el Gobierno, en el mejor de los casos, durante los Estados de Alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler".

Si ese dato se multiplica por el perjuicio medio causado al propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, calculado en 9.436 euros, arroja el volumen medio de morosidad de 132.689.032 euros.

PIDE COMPENSAR A PROPIETARIOS POR "EXPROPIACIÓN TEMPORAL" DE SU USO

Zurdo ve "muy acertado y necesario que el Gobierno quiera proteger a los inquilinos y familias vulnerables", algo que "desde luego con los créditos ICO no lo han conseguido, dejando finalmente desamparados a unos y a otros", al tiempo que no entiendo cómo no se ha contemplado ninguna contraprestación económica para los propietarios particulares que han dejado de percibir la renta de alquiler, de los "muchísimos inquilinos" que no han solicitado un ICO para no endeudarse o no se lo han concedido.

En esta línea, subraya que "algunos son propietarios vulnerables, que también están en ERTE y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia".

Para José Ramón Zurdo, si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada, todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del Estado de Alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y obtener sus frutos (renta de alquiler).

Ante esta "limitación del dominio", considera que el Gobierno tiene que compensar a los arrendadores, como si de un justiprecio se tratara, con "una indemnización justa que compense la limitación del dominio realizada, sobre todo en caso de arrendadores particulares, que pueden perfectamente estar viviendo la misma situación de vulnerabilidad que los inquilinos".

"Desde marzo de 2019 el Gobierno lo único que ha hecho, en materia, arrendaticia ha sido legislar mirando solo hacia los arrendatarios favoreciéndoles claramente en perjuicio de los arrendadores y de paso, desestabilizar el mercado de alquiler en España. Durante la pandemia, cuando el alquiler debía ser rescatado, solo se rescató, y a medias, a los inquilinos, ahora esperamos que las medidas sean justas también para los arrendadores", ha sentenciado.

La AGencia solicita "normas claras, equitativas para las dos partes y estables en el tiempo, que doten de seguridad jurídica al mercado del alquiler, que sean iguales para todo el territorio nacional, sin diferencias por tipos de propietarios, que protejan a los arrendadores frente a los impagos y a la ocupación, que les incentiven a sacar viviendas al alquiler", así como ayudas directas para los arrendadores más vulnerables.