La última casa de la Vega sí tiene quien la defienda

A José García Zarzo todo el mundo lo conoce en Granada como Pepe Palometas, pero eso no es fundamental para este artículo. Sí lo es que él y su familia llevan viviendo en una casa en las afueras desde 1985 y quieren seguir haciéndolo muchos años más, pero desde hace tiempo lo tienen difícil.

La Casa de Villaviciosa se construyó en 1940, probablemente sobre los cimientos de una anterior. Era una de esas construcciones en medio de la Vega que, con el tiempo, se ha ido viendo rodeada de elementos. Ahora, de hecho, tiene al lado una carretera muy frecuentada, porque por allí pasan tanto los coches que se dirigen a la A-92 en dirección a Málaga o a Sevilla, como los que toman la ruta hacia Córdoba. Por no hablar de los que acceden a Atarfe o Pinos Puente.

Pero el tráfico no es el problema. Ni tampoco el ruido, porque ésta es una casa con paredes bien gruesas. Lo que tiene preocupados a sus habitantes es que, desde el año 2001, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, se previó el desarrollo de un plan parcial en el sector en el que está enclavado el inmueble (Plan Parcial 7: Paraíso Industrial) para convertir ese suelo en urbano industrial y montar un polígono.

Empiezan los problemas

Entonces, los 13 propietarios de los terrenos colindantes propusieron al cabeza de familia de los Palometas comprarle la finca para desarrollar ese plan, cosa a la que se negó alegando que era suya y, sobre todo, que no se trataba sólo de la casa, sino que junto a ella hay un antiguo secadero de tabaco donde criaban (y crían) ganado vacuno cuya carne se vendía (y se vende) después tanto en el puesto que regenta en el mercado de San Agustín como en su restaurante.

La junta de compensación montada al efecto por los demás dueños ofreció después otra alternativa: darles una finca en ese mismo sector del plan parcial, pero en otro lugar. Esa finca, que ahora es de 5.400 metros cuadrados, sería más pequeña (2.800 metros cuadrados) y desaparecería la casa. “Tenían mucho interés en derribarla”, apunta José García Arias, que ha heredado de su padre el alias de Pepe Palometas.

“Nos negamos porque la casa en particular y nuestra finca en su conjunto son compatibles con el uso que se le quiere dar a ese polígono. No molesta”, destaca García Arias, que añade que esa negativa, por supuesto, no acabó con los problemas.

En 2007, la junta de compensación ideó una reparcelación del sector completo que contemplaba la reducción de la finca de los Palometas, de forma que la casa, aunque podía seguir en pie, quedaba “absolutamente encajonada”. Eso fue en 2007 y, según los dueños, tuvo el visto bueno del Ayuntamiento de Granada, institución a la que habrá que volver en cuestión de unas líneas.

A la vista de que les estaban atacando por la vía urbanística, los dueños de la casa optaron por la vía patrimonial y pusieron sobre la mesa una circunstancia que la podía salvar del derribo. “El edificio tiene un valor patrimonial importante”, subraya García Arias, que para avalar sus palabras se apoya en un extenso informe elaborado en junio de 2019 por Susana García Bujalance, arquitecta de la Universidad de Málaga, que entre sus conclusiones destaca que el secadero “no tiene ninguna afección”, no causa “daños ni perjuicios” y su valor patrimonial “no admite debate en lo relativo a la obligatoriedad de su mantenimiento y protección patrimonial”.

La especialista menciona en ese documento un dato que parece muy importante; “Tanto el ayuntamiento como la junta de compensación han solicitado hasta en cuatro ocasiones la autorización para la entrada en el domicilio de José García Zarzo a fin de proceder a la demolición del secadero, las cuales han sido recurridas por la propiedad. De las cuatro solicitudes de autorización, tres de ellas han sido desestimadas por los tribunales, mientras que la última se encuentra en tramitación judicial”.

“No se entiende esa insistencia del ayuntamiento a no ser que haya algunos intereses por ahí detrás”, comenta al respecto José García Arias, que a renglón seguido presenta aún más argumentos para recalcar que viven en un espacio que debe ser respetado.

Por ejemplo, que el PGOU de 1985 catalogaba ese secadero como bien protegido. En concreto, con un nivel 3, que significa "singular protección estructural", y declara “expresamente prohibida la demolición total o parcial de los elementos”.

“Por eso nos extraña que en el siguiente Plan General, el de 2001, desapareciera esa protección. La única explicación que nos han dado desde el ayuntamiento es que un arqueólogo hizo un informe que concluía que el secadero no tiene interés y que si se protegió en el PGOU de 1985 fue por un error. Al margen de que entendemos que un arqueólogo no es la persona adecuada para catalogar un secadero, ponemos en duda eso de que su inclusión inicial fuera sólo fruto de un error”, continúa.

La familia vio en el terreno patrimonial una buena manera de garantizarse su continuidad en la casa y siguió explorándola. En 2017, con el citado informe de la arquitecta, “que pertenece a la Universidad de Málaga no por casualidad, sino porque no quisimos encargar un estudio a alguien de aquí, por riesgo a que pudiera contaminarse”, recurrieron a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que les dio la razón. Consideró que los secaderos, en general, deben protegerse debido a que ya hay pocos. Pero el contiguo a la Casa de Villaviciosa más aún porque tiene un “valor arquitectónico singular”.

El informe emitido por Ana María Sánchez Martínez, secretaria de la comisión provincial de Patrimonio Histórico, es también muy gráfico al respecto: “El conjunto de construcciones formado por la Casa de Villaviciosa y el antiguo secadero de tabaco reúne valores patrimoniales (histórico, artístico, etnológico, industrial y social), para su inscripción en el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía como bien de catalogación general, al tratarse del único ejemplo de construcción agroganadera, de las características que se recogen en el informe anterior, que se conserva en el ámbito de la Vega del término municipal de Granada".

Ese informe se firmó el 23 de junio de 2017 y fue la antesala para su inclusión definitiva en el citado Catálogo de Patrimonio Histórico. Si no está oficialmente ha sido porque la delegación de Granada lo envió a Sevilla para que lo rubricara el director general de Patrimonio pero, cuando esto iba a producirse (año y medio después de la emisión del dictamen, la burocracia es lo que tiene), se produjo el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Ni el director saliente firmó ni lo ha hecho quien le ha sustituido. No obstante, en la página web de la Junta sí aparece reflejado en el catálogo general y especificada su protección.

Pese a todos los informes favorables y todos los beneplácitos habidos y por haber, los demás propietarios no han cejado en su empeño, basándose en la parcelación prevista cuando se diseñó el plan parcial. Recurrieron al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, pero por ahora no han tenido éxito. El juez no ha autorizado que ninguna máquina entre en la finca de los Palometas y, aunque la vía judicial sigue abierta, porque contra esa decisión cabe recurso en la sala de lo Contencioso del TSJA, la situación actual parece clara: la demolición no procede.

“Nosotros sólo estamos dispuestos a asumir que, si el terreno pasa a ser industrial, nos tendremos que conformar con que nos quiten una parte de la finca, la que tiene un uso ganadero. Pero esa transformación no implica nada más. Ni la casa ni el antiguo secadero se tocan. Estamos cargados de argumentos para defender eso y si, por lo que fuera, el Contencioso da la razón a la junta de compensación y el ayuntamiento, nosotros recurriríamos a otras vías. No vamos a dejar lo nuestro así como así”, concluye Pepe Palometas hijo, tan combativo o más que su padre.