Las ordenanzas fiscales de Granada para 2017, en el aire

El debate sobre las ordenanzas fiscales, el paso inicial para embarcarse en la elaboración de unos presupuestos, ha entrado en bucle. Hoy ha sido la cuarta vez que los grupos municipales se han sentado para negociar de dónde sacará Granada el dinero necesario para hacer frente a todos los gastos que debe o que tienen que afrontar las arcas municipales.

Los grupos municipales no logran ponerse de acuerdo, bien porque no les cuadra los planes del equipo de Gobierno local para generar ingresos, bien porque están aprovechando la ocasión para marcar su estrategia de partido. Pero el tiempo, que no entiende de intereses y de voluntades, pasa y hay un plazo para “evitar el desastre”, según el concejal de Economía, Baldomero Oliver.

El debate debe quedar zanjado el 18 de octubre, fecha en la que se celebrará la próxima comisión de Economía para trasladarlo, semanas después, al pleno. En el seno de ese pleno, los partidos deben votar y, dado que el PP ya ha mostrado su postura fija, la de no apoyar las ordenanzas fiscales, y el equipo de Gobierno, la de sacarlas adelante por el bien de Granada, el resto de los grupos de la oposición deberán posicionarse.

“Si el PP vota que no, y el resto se abstiene, habríamos abortado en el primer intento las ordenanzas fiscales”, ha asegurado Baldomero, por lo que el portavoz espera que, o los populares “entren en razón” o que el resto de grupos voten a favor del documento.

Si consiguen “sacarlas adelante” pese a la negación del PP, el Ayuntamiento tiene de margen un mes para “trabajar y aportar más propuestas” de cara a la segunda votación del documento final, una votación en la que los grupos pueden votar lo que quieran nuevamente.

“Estamos dando la oportunidad al Partido Popular para que se convierta en parte de la solución a través de propuestas, aunque esto no va a significar que el Ayuntamiento no tenga que hacer ajustes en materia de gastos”, ha precisado Baldomero a los medios.

En definitiva, el Ayuntamiento tendría que aprobar inicialmente el proyecto en esa fecha como máximo; y, a partir de ahí, abrir un periodo de exposición pública de un mes y tras resolver las alegaciones que se presenten, aprobar definitivamente el proyecto de ordenanzas antes de finales de diciembre, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2017.

SI NO SE APRUEBAN, ¿QUÉ PASA?

La aprobación (o no) de las ordenanzas fiscales es el primer peldaño de una larga escalera que culmina con unos presupuestos municipales realistas para el ejercicio de 2017. No obstante, si los grupos municipales no se ponen de acuerdo en este punto, el Ayuntamiento puede gobernar con las ordenanzas fiscales prorrogadas, es decir, con las de 2015.

Sin embargo, eso significaría que el Ayuntamiento afrontaría un gasto que ha ido ‘in crescendo’ a lo largo de este año, con una previsión de ingresos escasa para lo que va a necesitar el Consistorio, si tenemos en cuenta de que hay que amortizar 10 millones de euros del crédito que se pidió para el pago a proveedores, que hay que subir los sueldos a los funcionarios un 1%, que hay que pagarle otros tres millones de euros a Rober… y un largo etcétera en el capítulo de gastos, que necesitan en torno a 30 millones de euros más de lo previsto para poder hacer frente a todas las obligaciones de pago.

¿QUÉ PROPONE EL PSOE?

Para conseguir esos ingresos, lo que planea el equipo de Gobierno local es eliminar las bonificaciones del 5% por la domiciliación del IBI así como la bonificación a los vehículos de más de 25 años. También contempla una medida que viene impuesta por el Gobierno Central: la actualización de los valores catastrales que supondría una subida del IBI.
Estas medidas para “apretarse el cinturón” conseguirían que las arcas municipales ahorrasen cerca de 3 millones de euros.

El grupo municipal del PP se ha opuesto tajantemente a estas medidas y, el resto de grupos, tampoco lo ven claro.