Las trabajadoras del hogar de Granada exigen mejoras en sus condiciones laborales | Vídeo

La Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada ha denunciado hoy una serie de carencias en sus condiciones laborales. La asociación, compuesta por diez entidades diferentes, ha comparecido en el Instituto Andaluz de la Mujer para realizar una serie de exigencias para mejorar lo que han catalogado como "un trabajo de cuarta categoría", en palabras de la portavoz Laura Guillén.

Durante la presentación, han denunciado que a nivel nacional hay 628.000 empleadores, según datos de la encuesta de población activa; sin embargo, la Seguridad Social solo refleja a 407.000 personas dadas de alta, lo que demuestra "una gran diferencia de números", a lo que se une el hecho de que "varias personas están dadas de alta en varios domicilios a la vez porque trabajan a tiempo parcial".

En noviembre de 2011 la situación cambió para este colectivo. Según explica la portavoz de la plataforma, desde entonces las personas que trabajaban menos de veinte horas en un mismo domicilio no tenían derecho a estar dadas de alta. A partir del 1 de enero de 2012, las trabajadoras del hogar "pasan al régimen general, pero en un régimen especial", indica Laura Guillén, "cambia mucho la situación, pero no se les tiene en cuenta en el derecho al desempleo", una situación que en 2019 sigue sin presentar mejoras. "A las trabajadoras del hogar se les pone un techo de cristal, tienen que cotizar por tramos", explican desde la asociación, "no coincide el salario real con la cotización, siempre están bajo mínimos porque no pueden cotizar hoy por hoy por el salario real". Esto supone un problema a la hora de las jubilaciones o las pensiones en general, pues no se corresponde la cantidad que perciben con la cotizada.

Desde el propio 2012 se instala una situación en la que se pretende crear un grupo de trabajo entre patronal, sindicatos y Gobierno para "ver qué posibilidades hay para llegar de lleno al régimen general", explica la portavoz. Sin embargo, esto nunca ha llegado a pasar. En aquel año se instaura un sistema de quince tramos mediante el cual pasarían a estar dadas de alta por completo, algo que ya debería estar finalizado en 2019. Pese a ello, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 muestran que esta medida va a tener que esperar hasta 2024, una fecha que finalmente se ha acortado hasta 2021, aunque desde la plataforma aseguran que "no nos lo creemos, el servicio doméstico es un trabajo de cuarta categoría para el Gobierno, no le da la importancia que merecen como trabajadoras".

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A esto hay que unir que una gran parte de este colectivo "son personas inmigrantes que, si ya están mal por la ley de extranjería, a eso se une la situación del servicio doméstico". Esto genera que en muchas ocasiones se trabaje de forma sumergida, sin alta en la Seguridad Social y cobrando en negro, sin disponer de un contrato. "Al no tener contrato, muchas personas no pueden tener un alquiler o comprar a plazos", apunta Guillén, una de las consecuencias de la situación de un sector que ha afirmado sentirse desprotegido por la administración.

También denuncian acoso en sus puestos de trabajo. Inciden en que no es solo sexual, sino también verbal o de muchas otras formas. "Cualquier mujer se merece un trato como persona y como trabajadora", piden, algo a lo que unen la petición de una normativa de riesgos laborales. A todo ello se une la exigencia de tener derecho al desempleo, pues la portavoz ha asegurado que "cuando quedan en paro se generan vacíos legales que no son tenidos en cuenta a la hora de tramitar las pensiones".

Finalmente, aseguran que estas condiciones son tan pobre porque "la inspección de trabajo no actúa porque dice que es un domicilio privado", de este modo, Laura Guillen afirma que "la trabajadora del hogar vive sus miserias y problemas en soledad una vez que cierra la puerta, nadie va a defenderla".

Ante estas carencias, han realizado un manifiesto basado en tres grandes exigencias. La primera de ellas es la ratificación por el Gobierno del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. La segunda está basada en la modificación y mejora de la normativa en los asuntos anteriormente explicados. Por último, piden apoyo a la sociedad y las administraciones, así como valoración social y reconocimiento del trabajo que realizan.