Las universidades demoran la reforma de Grados

La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha rechazado, en el marco de la homogeneidad marcada por el Distrito Único Universitario, aplicar el decreto de reordenación de Grados universitarios aprobado por el Consejo de Ministros --el llamado '3+2', que supone tres años de grado y dos de máster--, abogando en su lugar por una moratoria de la posible aplicación del mismo hasta evaluarse los resultados del actual sistema vigente, el Plan Bolonia.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, que ha precisado que ese ha sido el posicionamiento adoptado por los rectores participantes y los representantes de alumnos en la CAU, cuya reunión ha encabezado este martes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El establecimiento de una moratoria ya fue aprobado este lunes en el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) --que cualquier trámite de la reforma se retrase hasta septiembre de 2016, para que si alguna universidad quiere, en algún momento y en virtud de su autonomía, aplicarla, se haga en el curso de 2017--, algo que ha sido este martes apoyado por la Junta.

En palabras del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, no será una moratoria "pasiva", sino que, antes bien, la CRUE mantendrá en este periodo reuniones para abordar los aspectos de una reforma para la que con anterioridad se pretende analizar los resultados del Espacio Europeo de Educación Superior.

Sánchez Maldonado, que ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de los términos en lo que ha transcurrido la convocatoria urgente del CAU --a la que también ha sido invitado un representante de la comunidad estudiantil--, ha presentado un informe en el que califica la reforma de "extemporánea", así como de "bastante inoportuna y desgraciada".

Para ello, ha aludido a la falta de referencias de resultados del Plan Bolonia o del éxito o fracaso universitario en lo tocante a la inserción laboral. Asimismo, ha incidido en el nuevo recorte en el gasto público que, a su juicio, supondrá esta iniciativa, haciéndose eco de unos datos de la CRUE que apuntan a un ajuste de hasta 800 millones de euros, con una pérdida del 25 por ciento al pasar los grados de cuatro a tres años, toda vez que los másters tienen un porcentaje de financiación privada mucho más importante.

<p>Por otra parte, el consejero se ha referido al ataque "frontal" que el '3+2' supondrá para la igualdad de oportunidades, dadas las mayores dificultades que ello supondrá para la formación de los más desfavorecidos. Los obstáculos en cuanto a la homologación laboral, la "confusión social", la falta de consenso o la posible afección sobre un profesorado aún no preparado para impartir un máster son otros de los aspectos aludidos por el responsable autonómico.

Así, Sánchez Maldonado justifica la moratoria al entender que las universidades están actualmente sometidas a la renovación de acreditación de los primeros títulos de grado, "la mejor ocasión para poder valorar el desarrollo de la implantación de los títulos del Espacio Europeo de Educación Superior, mientras que con esta medida se está haciendo una reforma irreflexiva en un sistema nuevo, sin contar siquiera con información sobre sus fortalezas y debilidades, dando palos de ciego".

La Junta, por otro lado, destaca el acuerdo alcanzado para homogeneizar las actuaciones al respecto en todo el territorio andaluz, que, ha recordado el titular andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cuenta con las tasas universitarias más bajas de España en los grados, con un precio único para todas las ramas en el mínimo de la horquilla para evitar la exclusión del sistema por razones económicas, mientras que también se ha bajado el precio de los másters para asegurar el acceso a la educación superior de calidad.

Aunque aún no se cuenta con un horizonte temporal definido, dada la necesidad de acogerse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al protocolo de déficit, la idea es acabar igualando precios de Máster y Grado en la comunidad.

"MANTENER LA "ESTABILIDAD"

De otro lado, Sánchez Maldonado ha recalcado el compromiso de la Junta de, respetando la decisión que tomen las universidades en cuanto al modelo, garantizar su financiación. Sobre este asunto, González Mazo, que ha valorado la "oportunidad" de la reunión con Díaz, subraya que la administración andaluza "ha apoyado la decisión de la moratoria, la actual estructura de cuatro años de Grado y su financiación".

"Todos los rectores de España, después del acuerdo de la CRUE, tendrán que hablar con sus comunidades autónomas, que tienen las competencias en educación superior", ha remarcado el presidente de la AUPA, que ha instado, "ante todo" a mantener la estabilidad académica del sistema para "poder trabajar con calma" y no generar "incertidumbre ni confusión".

González Mazo, que ha reiterado que el sistema universitario no se opone a la mejora de la calidad docente si ello fuera necesario según los estudios del actual modelo, ha querido separar el debate de la calidad académica del tema financiero. "¿Por qué ahora está sobre la mesa esta flexibilidad? No lo entendemos, ni ninguno de los rectores españoles", ha asegurado el también rector de la Universidad de Cádiz.

LOS ALUMNOS CONVOCARÁN MOVILIZACIONES

Por último, el presidente de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), Fabricio Saquilán, ha mostrado el rechazo de los alumnos a una medida que si se ha dado a conocer en época de exámenes, en su opinión, es "por causalidad, no por casualidad".

De "totalitario" y tendente a una universidad "elitista" ha tachado Saquilán el decreto, "que afectará a miles de compañeros dejando a los que tengan menos recursos fuera del sistema, no solo por el elevado precio de los másters sino también por la falta de becas y ayudas".

"Lo único que hace bien el Ministerio es unir a los agentes activos de la comunidad universitaria", ha explicado el presidente de la CARE, que ha dado cuenta de la convocatoria de movilizaciones y una campaña de información una vez finalicen los exámenes y ha expuesto a la Junta su reivindicación sobre un programa propio de ayudas en posgrado y un estudio "mucho más profundo" del actual sistema para que una posible reforma se acometa con la participación de todos los miembros del sector.