Las universidades podrían encargarse de una parte de la calificación de la 'reválida' de Bachillerato

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en funciones se podría encargar de la puntuación de las pruebas de 0 a 10 puntos en la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE, que sustituirá este curso a la Selectividad, y dejaría en manos de las universidades el tramo de 10 a 14 puntos. Los rectores temen que con este sistema se acabe con el 'distrito único' universitario.

Así lo avanzó el pasado martes el presidente de CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, tras la celebración de la Asamblea de esta organización en Santiago de Compostela. A su juicio, la "discusión" está en la calificación de la prueba en el tramo de 10 a 14, pues el Gobierno deja libertad a cada universidad para que lo regule a su modo.

Este tema ha generado "preocupación" entre los rectores, aunque el presidente de la CRUE destacó que "el sentir general" de las universidades es trabajar "para que no se rompa este distrito único" y realizar "un esfuerzo de coordinación" para que "un estudiante que se examine en Galicia pueda estudiar en la Autónoma de Madrid". Es decir, que todas las universidades hagan lo mismo.

Por ello, anunció que pedirá al Ministerio de Educación que regule hasta donde pueda y trasladará a la sectorial de Estudiantes de la CRUE que trabaje en un sistema "lo más parecido posible" al actual respecto a la calificación del tramo de 10 a 14. Hasta ahora, se realizaba mediante una 'fase específica' que permitía sumar puntos (hasta 14) basándose en unas tablas de ponderación.

Tras este anuncio, presidente de los rectores explicó en declaraciones a Europa Press que el sistema de acceso a la universidad de la LOMCE debe ser lo más "homogéneo posible" en toda España para que los estudiantes puedan optar a cursar estudios superiores en igualdad de condiciones. Para ello, ve "necesario" que el ministerio se siga ocupando del tramo de la nota de 10 a 14.

El presidente de la CRUE trasladó, no obstante, un "mensaje de tranquilidad y certidumbre" a los "miles estudiantes, profesores y familias" que este curso deben enfrentarse a esta nueva prueba y se mostró convencido de que "pronto" habrá "una solución" para clarificar el acceso a la universidad en 2017-2018.

NEGOCIACIONES

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece que la evaluación final de Bachillerato sirva para la obtención del título de esta etapa y para el acceso a la Universidad. Además, deja abierta la posibilidad de que las universidades pongan en marcha, además, sus propios sistemas de selección, mediante pruebas adicionales, entrevistas, entre otros.

Este nuevo sistema puso en pie de guerra a los rectores, que enviaron una carta la pasada primavera al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, para pedirle que aplazara un curso la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE, prevista para 2017, ante la "indefinición" de la misma y la "inseguridad jurídica" que pudiera causar al alumnado.

El ministro negó a la CRUE esta moratoria, aunque le ofreció la creación de una comisión mixta para acordar las características de la 'reválida' con el fin de que ésta fuera lo más parecida posible a la Selectividad.

Tras varias reuniones técnicas, acordaron que los alumnos se examinaran de las materias troncales, dos optativas y una específica y que en la nota final la calificación de los dos cursos de Bachillerato continúe teniendo el 60% del peso de la nota final y la evaluación final el 40% restante.

El pasado mes de julio, en una entrevista con Europa Press, el presidente de los rectores se mostró confiado en que las universidades no harán pruebas de acceso adicionales a la evaluación final de Bachillerato de la LOMCE para no atentar contra este 'distrito único'. Sin embargo, el hecho de que se deje en manos de los campus una parte de la calificación podría romperlo. "Defendemos la autonomía universitaria, pero dentro de un orden", dijo Píriz.

QUÉ DICE EL REAL DECRETO

El texto del real decreto sobre estas pruebas, aprobado a finales de julio, no concreta el papel de la Universidad en las calificaciones. En su artículo 9.1 señala que la calificación será realizada por tribunales designados y constituidos por las administraciones educativas. Y en el mismo artículo, en el punto 4, sostiene que el resultado de la prueba se puntuará de cero a diez.

"No veo la forma de anclar en el real decreto lo de puntuar hasta 14", advierte a Europa Press la secretaria de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CC.OO (FE-CC.OO), Montse Ros, que subraya también que "si se hacen más pruebas, es volver a la PAU, que está ya derogada".

Desde el Ministerio de Educación no valoran este anuncio y se limitan a indicar que todo lo relativo a las características de las evaluaciones se regulará mediante una orden ministerial, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento.

Las mismas fuentes recuerdan que la fecha límite para la aprobación de esta orden es el 30 de noviembre. Sin embargo, primero tiene que contar con el dictamen del Consejo Escolar del Estado, que en la actualidad se encuentra sin altos cargos para poder convocarlo. El Ministerio de Educación está buscando la fórmula para reactivar este órgano consultivo con la ayuda de la Abogacía del Estado.