"Mi madre tiene el grado de dependencia desde 2020 y aún no ha recibido ninguna ayuda"
Más de 9.000 personas fallecieron en Andalucía entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 a la espera de la resolución para una prestación
Ainoa Morano
Hasta dos años de espera para recibir una prestación por grado de dependencia. A pesar de que la Ley de Dependencia establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de la solicitud, la realidad refleja una situación muy distinta, siendo el tiempo de espera medio de 522 días, lo que vienen a ser 18 meses. Unas largas semanas de incertidumbre en las que hasta un 30% de los solicitantes fallece antes de recibir una simple ayuda que les permita tener una vida digna.
En esta batalla contra una frondosa e incomprensible burocracia se encuentran Rubén López y su madre, quien tiene reconocido el grado de dependencia desde 2020 y la cual, a día de hoy, no recibe ningún tipo de prestación. Paula Sánchez, protagonista de esta historia, contaba con la certificación del grado de dependencia por parte de Castilla y León, comunidad autónoma en la que residía. En diciembre del pasado año su marido falleció, por lo que su hijo decidió traerla a Andalucía para hacerse cargo de ella. Desde su llegada a Granada, su hijo solicitó el traslado de expediente para poder recibir las prestaciones correspondientes en la comunidad andaluza, un proceso que se demoró hasta tres meses. “Durante ese tiempo, al tenerlo reconocido en otra comunidad autónoma, mi madre era como si no existiese en Andalucía”.
Una vez reconocida la dependencia en la comunidad andaluza, madre e hijo entraron en la “lucha” por conseguir la prestación que, por ley, le corresponde. “En el tiempo que transcurrió hasta que se certificó el traslado de expediente, a mi madre no le dieron ningún tipo de ayuda. Con el grado de dependencia te corresponden prestaciones como teleasistencia, plaza en un Centro de Día, en una residencia o ayuda económica. En mi caso lo primero que solicité fue una ayuda vinculada. Yo no podía hacerme cargo de todos sus cuidados por lo que ahora se encuentra en una residencia, centro que pago yo de mis ahorros. La ayuda que le corresponde es de unos 300 euros mensuales, pero pueden pasar más de seis meses hasta que me concedan esta prestación. Una vez concedida, solicitaré plaza en una residencia pública. Entre unas gestiones y otras pueden pasar más de dos años hasta que mi madre consiga plaza en una residencia”.
A esta larga e indefinida espera, en la que su único hijo asume todo el gasto económico que supone tenerla en una residencia privada, pues la plaza en la pública aún no puede solicitarla, se suma el inexistente pago por viudedad que le corresponde a su madre. “Son cuatro meses a la espera del pago de su pensión. A día de hoy aún no ha cobrado nada. Sin ningún tipo de ayuda económica ni social por parte de ninguna de las dos comunidades autónomas, mi madre está completamente sola y abandonada. Su suerte es que estoy yo. Ella no puede valerse por sí misma, si no llego a estar hubiese muerto sola en su casa. El problema no solo está en la Ley de Dependencia, sino también en todo lo que la rodea”, explica Rubén López.
Con esta premisa, Paula Sánchez deberá esperar un año y medio para que un trabajador social evalúe su situación. Su hijo explica que él ya solicitó la revisión del grado en Castilla y León, una solicitud que se demoró tres meses, pero que coincidió con el traslado de su madre a Andalucía. Una vez en Granada, Rubén López acudió a los servicios sociales para explicar que su madre ya contaba en la otra comunidad autónoma con la revisión del expediente, pero que al trasladarse no se realizó y esperaba poder hacerla en Andalucía. Petición denegada. “Me dijeron que debía esperar un año y medio, 18 meses para que una persona venga, vea a mi madre y diga que sí está para entrar en grado tres de dependencia”.
Una espera que se cobra vidas
Los largos plazos de demora para la resolución de prestaciones deja datos alarmantes en Andalucía. Según el último Informe del Observatorio de la Dependencia, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, un total de 9.266 personas fallecieron en lista de espera, sin ser atendidas.
En Andalucía, de las 58.290 solicitudes registradas para la prestación de ayudas a la dependencia, 9.944 aún se encuentran a la espera de su resolución, según apuntaba CCOO en un comunicado. La situación se agrava al conocer que el número de personas atendidas no mejora, sino que disminuye en comparación con años anteriores. Nuevamente, el Informe del Observatorio de la Dependencia refleja que, hasta el 31 de diciembre de 2022, fueron atendidas 13.403 personas, la mitad que el año anterior donde la cifra era de 28.672 atendidos.
En el llamado “limbo de la dependencia”, es decir, cuando el grado de dependencia está reconocido, pero la prestación se encuentra en proceso de aprobación, un total de 36.606 andaluces con derecho a una ayuda se encuentran en lista de espera, por lo que, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que se tardará 2,7 años en reducir este “limbo de dependencia”.
En lo que a las residencias de mayores se refiere, para cumplir con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud que recomienda que las plazas disponibles deben cubrir el 5% de la población mayor de 65 años, Granada, que cuenta con 171.000 personas mayores, necesitaría 8.587 plazas residenciales para poder cubrir las necesidades de las personas dependientes con el derecho reconocido. Actualmente, la provincia cuenta con unas 1.500 plazas entre residencias públicas locales, regionales y autonómicas.
