Lo que pudo ser y no fue... del bipartito andaluz

Tal y como decía el libro... esta es la crónica de una "muerte anunciada", pero en este caso, es la historia de unas elecciones adelantadas. Finalmente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha decidido adelantar la fecha electoral al 22 de marzo, por, según sus últimas declaraciones "inestabilidad política" con su socio de gobierno, Izquierda Unida. La polémica está servida, los dimes y diretes se sucederán a lo largo de las próximas semanas, en un clima, "tenso" cuanto menos.

Díaz, la presidenta y candidata a la reeleción por el PSOE, ha justificado cambio electoral argumentando que no obedece a «un equívoco ni un malentendido», sino que «es el fruto de un giro radical» en la estrategia nacional de IU desde el pasado mes de octubre en su política nacional a raíz del futuro cambio en la dirección del partido y de un posible proceso de unión con Podemos , cuando se intensificaron las «descalificaciones y ataques al Gobierno», en alusión al candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, que llegó a calificar al PSOE de «indecente» por la corrupción.

La mandataria socialista, que ha asegurado que aspira a gobernar en solitario con una «mayoría suficiente». Una y otra vez, ha insistido en que la razón principal de la ruptura es la decisión de IU de convocar un referéndum para consultar a las bases en verano si abandonaban el gobierno. IU, ha asegurado, «ponía fecha de caducidad al gobierno y lo situaba en una situación de precariedad». «Sin estabilidad como presidenta no estaba dispuesta a gobernar, al cualquier precio, al precio de gobernar bajo la amenaza de que 3.000 o 4.000 militantes decidieran». «Solo en la mano de andaluces está decidir el futuro de nuestra tierra», ha sentenciado. Por otro lado Díaz ha avanzado que «en las listas del PSOE no va a haber ningún imputado».

¿PUNTO Y FINAL?

El Gobierno bipartito está en las puertas del fin. Tres años después de que PSOE e IU suscribieran el "Acuerdo por Andalucía",un programa de 75 folios en los que se recogía la intención de impulsar 28 leyes para el mejor futuro de Andalucía, la coalición se rompe con el resultado oficial de tan solo dos leyes aprobadas y 16 en tramitación.

Las leyes ya aprobadas por el Parlamento y que estaban previstas en el acuerdo son la de Transparencia y la de Transexualidad, ambas bajo el mandato de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Este acuerdo que era un amplio repaso por la actualidad de la Comunidad Autónoma, trataba temas tan destacados como la agricultura, la economía social, la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información pública, la reforma de la Ley Electoral, las medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la ordenación del sector público, la memoria democrática, el voluntariado, el campo audiovisual, energías renovables, los espacios protegidos, educación, sanidad, servicios sociales, deporte, o promoción social entre otros aspectos.

LEYES DEL ACUERDO POR ANDALUCÍA

Ley Integral de Agricultura. Ley de Fiscalidad Ecológica. Ley contra el fraude fiscal y social. Ley de Participación ciudadana e institucional. Ley de Transparencia y acceso a la información. Ley del Estatuto de los Altos cargos de la Junta de Andalucía. Ley que desarrolle los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley de la Investigación, Desarrollo y Aplicación de las Energías Renovables y de la Eficiencia Energética de Andalucía. Ley de reconocimiento social y promoción profesional del profesorado. Modificación y Desarrollo de la Ley de promoción de la igualdad de género. Modificación y Desarrollo de la Ley andaluza de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Ley del Estatuto Básico del empleado y empleada públicos. Modificación de la Ley del Voluntariado. Ley Audiovisual de Andalucía. Ley contra el Cambio Climático.

Pero en los casi tres años de esta legislatura, el Parlamento ha dado luz verde a catorce leyes no previstas en el acuerdo, algunas de mucha repercusión, como la llamada ley antidesahucios, recurrida por el Gobierno de la nación, y a una veintena de decretos leyes, como el de medidas urgentes para la lucha contra la exclusión social.

La Cámara autonómica ha aprobado también la normativa reguladora del Consejo Andaluz de Concertación Local, la dirigida a reducir las trabas administrativas para la empresas, y las que modifican las leyes que regulan la investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, entre otras.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha enviado al Parlamento en este periodo otros catorce proyectos de ley que no podrán ver la luz en esta legislatura, de los que dos de ellos se aprobaron el pasado martes en la última reunión del Ejecutivo de coalición y que han sido impulsados por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, presidida por Izquierda Unida.

Se trata de las leyes de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, permite a la Junta la "ocupación" de terrenos privados de interés para la exhumación de fosas y obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del Franquismo, y la de protección de los derechos de los consumidores para la contratación de créditos hipotecarios sobre la vivienda, que fija sanciones para los bancos que impongan cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas.

En tramitación parlamentaria se encuentra también, entre otras, la Ley del Deporte de Andalucía, mientras que el Consejo de Gobierno tenía previsto remitir próximamente los proyectos de ley de Participación Ciudadana; de medidas contra el fraude fiscal; de Servicios Sociales; de la Juventud, y del Mecenazgo, junto a otras normativas.

Pero el Gobierno andaluz aún no había enviado al Parlamento otras iniciativas destacadas como la de fiscalidad ecológica o la ley contra el cambio climático, y tampoco se ha podido abordar la reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que pretende reforzar la tarea de control de esta institución, ni del Defensor del Pueblo, entre otras.

El futuro, de momento incierto para todas las que están en tramitación, y más oscuro aún para las que ni siquiera han llegado a ese punto. De momento, todo en suspenso hasta que el próximo 22 de marzo las urnas hablen.