Lorente defiende ante el juez la tasación de la Casa Ágreda y confía en el archivo de la causa

El director técnico de obras municipales del Ayuntamiento de Granada en el momento en el que se fraguó la adjudicación del derecho de superficie de la Casa Ágreda, Manuel Lorente, ha defendido ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada la tasación que hizo en su momento de este inmueble del siglo XVI y ha confiado en que la causa se archive.

Lorente ha declarado durante casi tres horas ante el juez después de que el pasado 29 de septiembre lo hiciera el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), que negó irregularidades en la adjudicación de este inmueble declarado Bien de Interés Cultural y situado en el Albaicín, en el marco de un caso en el que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

A la salida del Juzgado, el abogado de este técnico, Ernesto Osuna, ha señalado a los periodistas que ha sido una declaración eminentemente "técnica" en la que Lorente ha respondido a todas las preguntas del Ministerio Fiscal y en la que se ha incorporado al proceso documentación que "no se había tenido en cuenta ni en las denuncias iniciales ni en el informe policial".

Entiende el letrado que esta denuncia parte de una serie de errores de principio "bastante importantes", al no tenerse en cuenta que la parcela en cuestión no es de uso residencial ni lucrativo, sino que es un equipamiento, lo que influye en la tasación que hizo Lorente, que fue inferior a otras que se hicieron previamente.

Igualmente, destaca que el valor que se establece en el pliego de condiciones tuvo en cuenta el coste de rehabilitación que debía asumir la adjudicataria.

"La idea fundamental del Ayuntamiento es la conservación de este patrimonio" y al no tener presupuesto para mantenerlo, "procede de tal manera que se garantiza la rehabilitación del edificio, pues en el pliego de condiciones era una condición indispensable que a los cinco años quedara rehabilitado a plena satisfacción de los técnicos municipales", relata Osuna.

Sobre las tasaciones que se habían hecho anteriormente del inmueble --según la Fiscalía llegó a ser valorado en más de cinco millones de euros-, Lorente ha explicado "pormenorizadamente" y "aportando documentación" que se tasó como si tuviera uso residencial, comparándolo con cármenes particulares o un hotel, algo que es "absurdo".

El letrado Ernesto Osuna ha precisado que existe normativa que establece que no se pueden valorar equipamientos como si fueran viviendas privadas o bienes de uso lucrativo, pues no se puede especular con un bien de interés social, lo cual rebaja su valor. A ello se suma, según ha agregado, que estas tasaciones previas "estaban caducadas" puesto que tenían un año de validez.

NUEVAS DECLARACIONES

Este jueves está previsto que declare ante el juez otro funcionario y el día 10 el representante de la ONG a la que se adjudicó la Casa Ágreda.

La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto hará lo propio el 17 de octubre, en el marco de las diligencias que ha ordenado practicar el Juzgado tras admitir a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra siete personas por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Esta nueva investigación se suma a la de la 'Operación Nazarí', que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril.

LO DENUNCIÓ LA OPOSICIÓN

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca --hoy alcalde--, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia --a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto--, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, en tanto que a su juicio el alcalde intervino para ejercer "presión" para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE "con todos los gastos pagados", justo después de la 'luz verde' a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015 en las que se impulsó el expediente, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las "arcas municipales".

Por ello, formuló denuncia contra siete personas --el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones-- y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.