Los 43 acusados de defraudar prestaciones aceptan penas de entre 4 meses y dos años de cárcel
Uno de los 44 acusados iniciales ha quedado fuera de la causa tras ser retirados los cargos contra él
La Audiencia de Granada ha dictado este martes una sentencia de conformidad respecto a los 43 acusados de simular contratos laborales ficticios para cobrar prestaciones y subsidios públicos, incluyendo la renta agraria, después de que todos ellos hayan cerrado un acuerdo con la Fiscalía por el que han aceptado penas de entre cuatro meses y dos años de cárcel.
El acuerdo, que también han refrendado las acusaciones ejercidas por el Instituto de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo, se ha producido tras un primer acercamiento fallido entre las partes el pasado lunes y después de que uno de los 44 acusados iniciales haya quedado fuera de la causa tras la retirada de cargos.
Los dos principales acusados son el responsable de una empresa domiciliada en Dílar que supuestamente se dedicaba al cultivo de cereales a través de la cual se produjo el fraude y un gestor que figuraba como autorizado para realizar los trámites en el servicio de la Seguridad Social (Sistema RED).
La Fiscalía pedía para ellos cuatro años de prisión y multa de 290.000 euros y el acuerdo les ha rebajado la pena de cárcel a la mitad como autores de un delito contra la Seguridad Social. El resto de los acusados son, según la Fiscalía, los trabajadores que fueron dados de alta y que posteriormente cobraron prestaciones, "pese a no haber realizado ninguna actividad laboral".
Los implicados que han devuelto el dinero han aceptado una pena de cuatro meses de cárcel y los que no lo han hecho han sido condenados a seis meses de prisión, además de la prohibición para todos los acusados de recibir subvenciones e incentivos fiscales durante varios años.
El asunto fue investigado por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y por la UDEF a raíz de las comunicaciones que hicieron la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.
El fiscal relataba en su escrito de acusación provisional que durante el tiempo en el que estuvo activa la empresa los dos principales acusados dieron de alta a estos trabajadores y simularon su contratación para que cotizaran lo suficiente para el cobro de subsidios.
En otras ocasiones, los daban de baja a los pocos días por enfermedad, para que pudieran disfrutar de las prestaciones de estas bajas temporales.
La empresa utilizada tenía un domicilio social "inexistente", pues constaba en un domicilio particular que al parecer estaba en venta y no tenía indicios de actividad profesional.
