Los afectados de La Azulejera vuelven a las puertas del Ayuntamiento para reclamar su dinero
Las 52 familias perjudicadas reclaman al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero "adelantado para unas viviendas de protección oficial que nunca se construyeron"
Manrique Pascual
Los afectados por la promoción de viviendas protegidas que iban a construirse en la Azulejera han mostrado su preocupación por la disolución de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) y han reclamado un acuerdo para "recuperar el dinero que se les retiene desde el Ayuntamiento".
Las 52 familias perjudicadas reclaman al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero "adelantado para unas viviendas de protección oficial que nunca se construyeron".
La portavoz de los vecinos, Nuria Cara, ha acusado al equipo de gobierno de mentir en el pasado pleno, al asegurar que desconocen quiénes son y rechazar cualquier tipo de responsabilidad cuando, según aseguran, fue la propia Emuvyssa y el Ayuntamiento de Granada quienes les han colocado "en esta difícil situación".
"La mayoría de los afectados accedimos a estas VPO derivados del servicio de demandantes de la propia Emuvyssa" y "el Ayuntamiento sacó a concurso la venta de suelo" sin que "se velara y comprobara que la empresa adjudicataria era solvente. es indignante que ahora se quieran lavar las manos y no devolvernos el dinero del aval que presentamos, así como la licencia de obras de unos pisos que no se han construido".
Cara precisó que, "en todo momento, el Ayuntamiento se ha negado a hacer público el proceso de adjudicación de los terrenos, así como a darnos la documentación que reclamamos. Nos retienen 240.000 euros porque la promotora se declara insolvente". La portavoz señala que "todo el proceso ha sido una maraña oscura", en la que se han visto envueltas 52 familias a las que obligaron a constituirse en cooperativa.
Para Cara, "es denigrante que ahora el alcalde niegue que les conoce", pues ella se reunión con él, con la responsable de Urbanismo y con la Gerente de Emuvyssa en su despacho y fruto de esta cita se les devolvió 300.000 euros.
La portavoz recalcó que quieren llegar a una acuerdo y no llegar a los tribunales porque sería un proceso que puede prolongarse una década, algo que las familias afectadas no pueden asumir.
