Los afectados de la urbanización Medina Elvira piden en el TS que se repita el juicio
La Audiencia de Granada absolvió en enero del 2016 a los tres acusados en el caso de la supuesta construcción ilegal de la urbanización Medina Elvira
Las diversas organizaciones de la sociedad civil granadina, representadas por el abogado y fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana, afectados el caso de la supuesta construcción ilegal de la urbanización Medina Elvira, en Atarfe (Granada), han solicitado este miércoles en una vista pública en el Tribunal Supremo que se repita el juicio, después de que los tres acusados fueran absueltos por la Audiencia Provincial de Granada en 2016.
Durante la vista pública en el Tribunal Supremo la defensa de los que fueron absueltos en su día han pedido que se confirme la absolución, al tiempo que la Fiscalía también ha solicitado que se confirme la absolución.
Las acusaciones interpuestas por los distintos colectivos sociales que ejercen la acusación popular, se fundamentan en la ilegalidad de las obras, calificadas por los acusados como de "bajo impacto", y en la falta de ofrecimiento de acciones al Estado, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Atarfe, así como a los propietarios de los inmuebles de la urbanización Medina Elvira Golf, a quienes nunca se les comunicó la existencia del procedimiento penal.
Además de destruir un entorno natural de excepcional valor ecológico, la acusación asegura que se apropiaron de 61.000 metros cuadrados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, propiedad del Estado, destruyeron una vía pecuaria autonómica y un camino público municipal, sustrajeron 100.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Atarfe, y construyeron una depuradora de aguas residuales en un barranco de dominio público, que puede contaminar el agua de abastecimiento y riego de 30 pueblos de la Vega de Granada.
La Audiencia de Granada absolvió en enero del 2016 a los tres acusados en el caso de la supuesta construcción ilegal de la urbanización Medina Elvira, y un campo de golf anexo, hechos por los que se les imputaban delitos continuados de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística, construcción ilegal y falsedad en documento oficial.
El tribunal aseguró que ninguna de las acusaciones pudo considerarse y procedió a la absolución de los tres procesados, aunque admitió algunas "irregularidades" y procedimientos "contrarios a derecho".
