Los ciberataques a las administraciones públicas se disparan más de un 58%

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Los ataques informáticos a los sistemas de las administraciones públicas españolas se incrementaron en más de un 58 por ciento entre 2012 y 2013, periodo en el que se registraron cerca de 6.400 incidentes, según reflejan los datos del Centro Criptológico Nacional, organismo estatal que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En una entrevista, el portavoz del Instituto Español de Ciberseguridad y presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS), Gianluca D'Antonio, ha aclarado que estas cifras no incluyen al sector privado, que es responsable del 80 por ciento de las más de 3.700 infraestructuras que están catalogadas como críticas.

Por este motivo, D'Antonio ha destacado la "importancia" de consolidar en España una "estrategia de ciberseguridad nacional que haga frente a estos riesgos", si bien ha dejado claro que el desarrollo de las capacidades oportunas requiere "tiempo y recursos".

Según ha indicado, España todavía está "empezando" a desarrollar dichas capacidades, teniendo en cuenta que la Estrategia de Ciberseguridad Nacional fue aprobada el pasado 5 de diciembre. "Queda mucho por hacer, sobre todo en lo referente a investigación y desarrollo, a una dotación eficaz de recursos y a la coordinación-cooperación entre sector público y privado", ha apuntado.

Aparte de las consecuencias más evidentes o conocidas, como las ligadas a la seguridad ciudadana o a los servicios básicos, D'Antonio ha advertido de que cada vez hay más "evidencias y modelos analíticos que permiten cuantificar en términos de economía nacional y riqueza el impacto de la ciberinseguridad".

De este modo, ha puesto de manifiesto ejemplos como Países Bajos, que ha estimado en un dos por ciento de su PIB, correspondiente a diez millones de euros, el coste del robo de propiedad intelectual que sufren sus empresas por falta de ciberseguridad. En el caso de Alemania, las pérdidas por robo de propiedad intelectual ascienden a 24.000 millones de euros, un 1,5 por ciento de su PIB.