Los concejales del PP procesados en el 'caso Serrallo' confían en no ir a juicio tras no acusarles la Fiscalía
Respecto a Torres Hurtado y Nieto, el coordinador del grupo del PP ha afirmado que "serán ellos los que deban defenderse", al tiempo que ha vinculado esta causa con el intento del PSOE de querer "judicializar todo" desde que gobierna la ciudad
El coordinador del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, ha confiado en que tanto él como el resto de ediles de este partido procesados en el llamado 'caso Serrallo' no tengan que ir finalmente a juicio por esta causa, después de que ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada hayan formulados cargos contra ellos en sus respectivos escritos de acusación presentados ante el juzgado.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada procesó el pasado febrero por prevaricación a los ediles que participaron, en julio de 2012, en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el cambio de uso de los terrenos donde se construyó presuntamente de forma irregular la discoteca que se investiga en esta causa.
Seis de ellos aún integran el grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada y el presidente regional del PP-A, Juanma Moreno, ya anunció que serán expulsados automáticamente del partido si se les abre juicio oral.
Fuentes ha señalado este lunes a preguntas de los periodistas que tanto él como los compañeros que integraron esa Junta de Gobierno siempre han defendido "su inocencia" y se ha mostrado satisfecho con la postura de la Fiscalía, que ha pedido el sobreseimiento de la causa para todos ellos.
Ha señalado que pondrán este extremo en conocimiento del juzgado por entender que cuando emita auto de apertura de juicio oral se les debería dejar fuera, en tanto que todas las partes que podían alegar algún tipo de pérdida o daño en la causa no les han acusado; esto es, ni el Ayuntamiento de Granada, ni la empresa adjudicataria de la discoteca y tampoco la Fiscalía.
Ha recordado que los ya exalcalde y exconcejal de Urbanismo, José Torres Hurtado e Isabel Nieto, para los que la Fiscalía pide ocho años de prisión, fueron suspendidos de militancia del PP en su momento y "serán ellos los que deban defenderse", al tiempo que ha vinculado esta causa con el intento del PSOE de querer "judicializar todo" desde que gobierna la ciudad.