Los empresarios acusados de defraudar 3,1 millones al Gobierno en subvenciones se enfrentan a la justicia
Los juzgados realizaron los pasos necesarios para despatrimonializar las sociedades que estaban obligadas a devolver el crédito
Europa Press
La Sección Primera de la Audiencia de Granada juzga este martes a tres empresarios acusados de un fraude de subvenciones al Ministerio de Industria por valor de 3,1 millones de euros.
La Fiscalía ha solicitado para ellos penas de entre tres y seis años de prisión y multas de más de cinco millones de euros, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Los hechos se remontan a 2009, cuando la Dirección General de Industria concedió un préstamo a una sociedad propiedad de uno de los acusados por 3.145.000 euros para una fábrica de producción de aerogeneradores de baja altura para la conexión directa en la red de distribución.
La ejecución de este proyecto era una condición esencial para la concesión de este préstamo y la inversión debía realizarse en un plazo máximo de un año.
No obstante, cuando ya se aproximaba la fecha tope para realizar la inversión, el administrador único de esta sociedad se la vendió a los otros dos empresarios acusados en la causa. La operación se formalizó ante notario y aunque en las escrituras constaba que la empresa había sido beneficiara del citado préstamo y que el comprador conocía todas las condiciones y peculiaridades del mismo, la inversión no se llegó a materializar, según el relato del fiscal.
A partir de ahí, los nuevos dueños de la empresa traspasaron los 3,1 millones de euros a otra cuenta bancaria y realizaron transferencias y los pasos necesarios para despatrimonializar las sociedades que estaban obligadas a devolver el crédito. Muchas de las operaciones se realizaron después de que el Ministerio de Industria ya hubiera requerido la justificación de las inversiones y dictado la resolución de reintegro del préstamo por incumplimiento de las condiciones establecidas.
La empresa llegó a contraer una deuda con el Gobierno de 3,4 millones de euros, pero la actuación de los acusados había dejado a la sociedad sin activos ni actividad, e insolvente para hacer frente al pago del crédito.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de fraude de subvenciones y de otro de insolvencia punible, por los que pide tres años de prisión para uno de los acusados y de seis años para los otros dos, así como multas de cinco millones de euros. El juicio se ha señalado hasta el miércoles.
