Los funcionarios de la cárcel de Albolote exigen el cierre de dos módulos y la reducción del número de presos

Los funcionarios de la cárcel de Albolote (Granada) han registrado una petición en la Subdelegación del Gobierno de Granada para exigir el cierre de dos de los módulos residenciales de la prisión y el consiguiente traslado de los internos para reducir el número de presos y así acabar con el "hacinamiento" que se sufre en este centro penitenciario.

Así lo ha asegurado a Europa Press el delegado sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en la cárcel granadina, Rafael Molina, quien ha explicado que la instalación penitenciaria de Albolote es una "cárcel tipo" de las que hay 15 en toda España que tienen capacidad para 900 a 1.100 personas pero, en Albolote, hay "1.500 presos" una situación que "pone en peligro la seguridad de los trabajadores", ha apuntado Molina.

En la cárcel de Salamanca, calificada también de 'tipo', hay 600 presos menos que en la de Granada y en la de Villena 200 tal y como ha apuntado Molina quien ha reiterado que con el cierre de los módulos se aminoraría en 200 el número de internos "y se refrescaría el exceso de trabajo y la falta de espacio".

Según ha informado el representante sindical, además del excesivo número de internos, la prisión sufre una "alarmante falta de personal" que la secretaría general de instituciones penitenciarias "ha reconocido oficialmente" según palabras de Molina calculando que se puede cuantificar en más de 50 funcionarios los que se necesitan para completar la relación de puestos de trabajo asignada para la prisión de Albolote.

En febrero de 2015, la sección sindical de APFP hizo una petición oficial para que se dotaran de funcionarios en prácticas, dentro de la oferta de empleo público de 2014, un número suficiente para paliar este problema "una petición que la secretaría general no tuvo en cuenta en absoluto", ha criticado el funcionario.

El aumento en la edad media de la plantilla, que ya roza los 50 años, es otra de las cuestiones por las que APFP ha presentado la petición ante la Subdelegación ya que a partir de los 57 años pasan a segunda actividad y dejan de "trabajar de manera directa con los presos y se quedan en las oficinas" además de las jubilaciones que "este año se cuantifican en media docena", ha precisado.

Con "el 150 por ciento de hacinamiento" entre los presos y la reducción de la plantilla de funcionarios debido a la paralización de la oferta pública de empleo, el número de incidentes y ataques hacia los miembros de la plantilla laboral ha aumentado en los últimos meses, ha apuntado Molina quien ha concluido reiterando la exigencia del cierre de los módulos y ha anunciado que habrá más movilizaciones de no encontrar una solución.