Los populares defienden una reforma local que garantice las prestaciones municipales
El Partido Popular de Granada ha defendido hoy la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la llamada ‘Reforma Local’ cuyo texto definitivo fue ayer aprobado en el Congreso tras pasar esta semana también por el Senado y que a juicio de los populares “viene a resolver algo que los municipios de Granada llevan décadas reclamando y es la delimitación de las competencias que tienen obligatoriamente que prestar los ayuntamientos”
La diputada Concha de Santa Ana y la senadora María José Martín han sido las encargadas de subrayar la importancia una Ley que “garantiza la prestación y la financiación de todos los servicios por parte de los ayuntamientos granadinos”, en contra de los mensajes de alarma lanzados desde las filas socialistas “con el único objetivo de asustar a los granadinos”, según ha dicho la diputada.
“Lo que hace la Ley es establecer qué servicios deben ser prestados obligatoriamente por los ayuntamientos y elimina las competencias impropias que han sido la ruina para muchos ayuntamientos granadinos por los impagos de la Junta de Andalucía en materias como la Ley de Dependencia o los talleres de empleo”, ha argumentado Concha de Santa Ana.
La diputada ha destacado el mecanismo con el que la Ley aprobada en las Cortes evitará dichas deudas en las competencias que la Junta de Andalucía ponga en manos de los ayuntamientos: los convenios tendrán que tener una duración mínima de cinco años, la financiación que enviará la Junta será del 100% del coste real del servicio, (tal y como reclamaba el PSOE, en lugar de un coste estándar) “y lo que es clave, si la Junta no manda el dinero, el Ministerio de Hacienda retendrá la cantidad y la enviará directamente al ayuntamiento”.
“De esta manera”, ha dicho la diputada, “los ciudadanos no tienen ningún riesgo de que ese servicio deje de ser prestado si la Junta no paga, ni hay riesgo para los trabajadores que lo prestan”.
En todo caso, tanto Concha de Santa Ana como María José Martín ha aclarado que este sistema no va a impedir que cualquier ayuntamiento preste cualquier servicio que no le corresponda. “La Ley da libertad a los ayuntamientos para que presten cualquier otro servicio que no sea competencia suya, sino de la Junta, aunque para ello, como parece lógico, tendrán que tener una estabilidad económica y demostrar su capacidad financiera para hacer frente a dichos servicios”.
