Los servicios de Consumo de la Junta tramitan más de 3.000 expedientes con sanciones por importe de casi ocho millones

Los servicios provinciales de Consumo dependientes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales han tramitado y resuelto durante el pasado año un total de 3.361 expedientes sancionadores por un importe superior a 7,8 millones de euros, consecuencia de la labor inspectora que desarrolla la Junta para reforzar y garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Según una nota de la consejería, tanto el número de expedientes como los importes han experimentado incrementos respecto a los resueltos en 2013, con un total de 3.028 y un importe algo superior a 4,2 millones de euros. La mayoría de ellos están motivados por infracciones de carácter leve, sancionadas con cuantías de entre 200 y 5.000 euros según la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Asimismo, en aplicación del Plan de Inspección de Consumo 2014, se han desarrollado 27 campañas de control de sectores de todo tipo y se han visitado 9.028 establecimientos, aunque el total de comercios inspeccionados ha sido de 18.151. El resultado de los controles ha sido el levantamiento de 12.104 actas de las que 3.329 (27,5 por ciento) han sido positivas por detectarse alguna irregularidad de la normativa vigente en materia de consumo.

En concreto, el mayor número de irregularidades se ha detectado en las campañas de control de páginas Web y comercio electrónico, con el 75,5% del total de actas levantadas. Le siguen los controles en arrendamiento y compra-venta de vivienda (51%), ropa infantil (48,6%), publicidad comercial y control de alimentos sin gluten (45% en ambos casos), academias de enseñanza que ofertan títulos no válidos oficialmente (40%) e inspección de establecimientos de restauración (33,4%).

Además, en las inspecciones realizadas se han tomado 737 muestras de productos industriales y alimenticios de las que, hasta el momento, 208 (28,2%) han resultado positivas, tras ser analizadas en el Centro de Investigación y Control de la Calidad de Barajas (Madrid) de la Administración central y otros laboratorios con los que se contrata este tipo de servicios.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

En el caso de los productos industriales, si los artículos analizados pueden suponer un peligro para las personas consumidoras se introducen en la Red de Alerta de productos de consumo, que puede consultarse en https://ws040.juntadeandalucia.es/alertaPublica/. A su vez, si el caso lo requiere, la Junta informa al Ministerio de Sanidad, competente en materia de consumo, para que lo traslade al resto de comunidades autónomas y, si procede, a la Comisión Europea.

En este orden de cosas, durante 2014 a través de la Red de Alerta se han realizado un total de 3.053 notificaciones procedentes de otros países europeos (2.471) y de las comunidades autónomas (582). España es el tercer país de la UE en numero de notificaciones, con 280, por detrás de Alemania (302) y Hungría (293). Por su parte, la Comunidad andaluza es la sexta en número de notificaciones, con 40, tras Madrid (129), Cataluña (93), Castilla y León (81), Galicia (71) y Baleares (62).

Los productos que acaparan más notificaciones de alerta son los juguetes con 851 (27,8%). Le siguen la ropa infantil y accesorios, con 516 (16,9%), y productos eléctricos, con 296 (9,70%). En cuanto a los riesgos que pueden provocar, destacan intoxicaciones (23,8%), lesiones diversas (23,1%) y asfixia (15,5%).

Estos resultados permiten a los servicios de Consumo diseñar los planes de actuación anuales, incidiendo en aquellos sectores o productos en los que se han detectado mayores riesgos e infracciones, priorizando los controles sobre aquéllos que hayan provocado accidentes o lesiones.

El Plan Anual de Inspección de Consumo de la Junta prevé la realización a lo largo de este año de un total de 27 campañas distribuidas entre los sectores de alimentos, productos industriales y servicios. La planificación de las campañas se ha realizado con la participación de las asociaciones de consumidores y de la Confederación de Empresarios de Andalucía, además de otros agentes sociales y económicos.