Los sindicatos instan a negociar el plan de choque contra las listas de espera

Las organizaciones sindicales más representativas que componen la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía han transmitido un escrito conjunto al gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno, en el que le recuerdan que el plan de choque para reducir las listas de espera, dotado con 25,5 millones de euros, afecta a las condiciones de trabajo del personal del SAS --contratación, tiempo de trabajo, jornada de trabajo, descansos, retribuciones, etcétera-- y que estas condiciones, según varias normas jurídicas, se han de negociar previamente en el seno de la mesa.

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIF y Satse, a través de un comunicado conjunto, valora cualquier medida que se tome desde la sanidad pública para reducir las listas de espera en los centros asistenciales del sistema sanitario público de Andalucía, pues "repercutirá en el bienestar de los usuarios y en el prestigio de un sistema sanitario ágil y de calidad", pero "ello no quiere decir que vayamos a permitir que se vulnere la legalidad vigente en materia laboral".

De este modo, instan a la Dirección Gerencia del SAS a que en la próxima reunión de la Mesa Sectorial de Andalucía, se incluya el orden del día de la apertura de la negociación de las condiciones laborales en las que se va a desarrollar este plan de choque, "ya que éstas han de ser homogéneas, de aplicación en cualquiera de los centros asistenciales del SAS y sin discriminación hacia ningún profesional que desarrolle habitualmente sus funciones en los centros y servicios implicados en ese plan".

Por último, han recordado al gerente que todas aquellas medidas que afecten, en mayor o menor grado, a las condiciones laborales de la plantilla "han de ser presentadas y negociadas, previamente a su puesta en marcha, en el máximo ámbito de Negociación Colectiva del SAS, que es la Mesa Sectorial, y no conocidas por los sindicatos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales", porque "así lo establece la Ley y también por alcanzar los estándares mínimos de respeto y lealtad institucional entre la administración y la representación legal de los trabajadores".