Los sindicatos recogen apoyos de los partidos políticos para detener "la ofensiva penal contra el derecho a la huelga"

Manuela Martínez, secretaria general de UGT Granada ha afirmado que aunque hay casi 300 sindicalistas sometidos a un proceso judicial por ejercer su derecho a la huelga, algunos amenazados con prisión: "es toda la clase trabajadora de nuestro país la que está amenazada". Del mismo modo, Martínez ha remarcado que la huelga en España es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que tratar de amputar el ejercicio de este derecho no solo afecta a la libertad sindical, sino al propio contenido de la Constitución Española: "una Constitución que el Gobierno está reformando, por la vía de los hechos, en términos muy regresivos, pues se están recortando derechos civiles fundamentales".

La representante de UGT ha denunciado que se está dando prioridad a un párrafo del Código Penal sobre la Constitución Española y que es el propio Tribunal Constitucional el que entiende que la huelga es una situación de conflicto en la que se pueden producir tensiones, y como tal hay que ponderarlo, preservando el ejercicio del derecho a la huelga. Para Martínez (UGT) lo urgente es tratar de paralizar las amenazas de prisión inminente que hay en la actualidad. Por otro lado, la secretaria general ha defendido la lucha sindical "porque los derechos nunca fueron regalados, siempre fueron conquistados y en la conquista de esos derechos y en la reconquista de lo que ha perdido la ciudadanía es en lo que hay que seguir unidos".

Por su parte, el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, ha enumerado algunas de las recientes peticiones de las distintas fiscalías en las causas abiertas contra 265 personas, que ponen de manifiesto la “campaña de acoso y derribo” contra el sindicalismo y quienes ejercen su derecho a la huelga, el principal instrumento de que disponen los trabajadores para defender sus derechos. Un total de 8 años de cárcel ha pedido el Ministerio Fiscal para 8 trabajadores de AIRBUS; 4 años y medio a la secretaria general de CCOO de Baleares; 3 a sindicalistas de Navantia; 2 a un trabajador de Coca Cola, a lo que hay que sumar las sentencias condenatorias en Pontevedra, (dos años de cárcel a dos trabajadoras por participar en un piquete en la huelga de 2010), Vigo (dos trabajadores condenados a 3 años de prisión cuando participaban en un piquete informativo durante una huelga del transporte) o Granada (caso de Carmen y Carlos, condenado a tres años y un día de cárcel por formar parte de un piquete informativo en una huelga general).

Para Ricardo Flores ningún trabajador debe entrar en la cárcel por defender sus derechos. Por último, el representante sindical se ha preguntado por el número de imputados que hay por impedir el derecho de huelga o vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por contra, Flores se cuestiona "¿cuántos empresarios han ingresado en prisión por despedir trabajadores tras presentarse como candidatos en las elecciones sindicales?".