Los trabajadores de ROBER, contra las subcontratas que empeoran las condiciones de los conductores
Izquierda Unida y el Comité de Empresa de ROBER piden que se acate la sentencia judicial que obliga a la concesionaria del servicio de transporte urbano de Granada a recuperar la gestión directa de ciertas líneas ahora subcontratadas, en las cuales los trabajadores llegan a cobrar hasta un 25% menos que el resto de conductores.
Alrededor de 50 trabajadores de líneas de autobús de Granada no trabajan directamente para la concesionaria del servicio, Transportes ROBER, sino que lo hacen para un entramado de empresas subcontratadas en una gestión que ahora una sentencia judicial asume como ilegal. De esta forma y según el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada, ROBER deberá recuperar la gestión directa de líneas como la 111 y la 112, las conocidas como 'búho', así como la SN1. Esta sentencia repercutirá directamente en el medio centenar de trabajadores que en la actualidad tienen un convenio laboral diferente al del resto de compañeros, con una remuneración económica que llega a ser del 25% menos. O debería repercutir, tal y como explican desde IU y el Comité de Empresa de ROBER, que pide a la empresa que no se demore y acate la sentencia.
MISMO TRABAJO, PEORES CONDICIONES
"Es una aberración". Así de tajante se muestra Francisco Barranco, el presidente del Comité de Empresa, quien denuncia que muchos de sus compañeros padecen unas condiciones laborales inferiores a las del grueso de la plantilla, simplemente por el hecho de explotar unas líneas que desde la empresa y desde el propio Ayuntamiento de Granada se califican de "accesorias". Es lo que en 2010 adujeron los técnicos municipales para respaldar la subcontratación de líneas como la 'búho' o la antigua 33, ahora reconvertida en SN1. "En el juicio los técnicos argumentaron que las líneas son accesorias por su singularidad de horario, por las expediciones, por el tamaño del bus...", recuerda Barranco, quien indica que bajo semejante criterio, todas las líneas actuales serían "accesorias". "El juez nos ha dado la razón", zanja Barranco, a quien la ley de contratos públicos asiste ya que prohíbe la subcontratación de servicios esenciales ofrecidos por la empresa concesionaria.
Porque la estrategia de ROBER durante los últimos años ha sido la de reducir trabajo en la empresa principal para ir subcontratando líneas a otras filiales que le pertenecen, reduciendo así costes que salen directamente del bolsillo de los trabajadores, quienes pierden un convenio laboral propio para pasar a regirse por uno provincial, con peores condiciones. "Estamos totalmente en contra", sentencia Barranco, "los compañeros hacen el mismo trabajo que nosotros".
Con el paso de los años, transportes ROBER ha ido creando una red de empresas filiales entre las que se encuentran Herederos de Gómez, Alhambra Bus y Tranvías Eléctricos de Granada, entre otras.
Por su parte el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura Anllo, señala que el gobierno municipal planteó esta subcontratación demostrada ilegal con objeto de recortar en transporte público “pues el Ayuntamiento pretende pagar menos por el coste por kilómetro” pero “este recorte se hace a costa de los trabajadores y la calidad del servicio, por un lado de precarizan sus condiciones laborales y por otro los criterios en la prestación del servicio son más laxos, empeorando frecuencias de paso, velocidades comerciales, accesibilidad en los vehículos y en materia de seguridad con una flota de vehículos con muchos más años”.
Es por ello que Puentedura exige que se unifiquen todas las líneas en ROBER “para que todos los granadinos reciban con los mismos derechos la prestación del transporte público y para que el Ayuntamiento y empresa no recorten en transporte público a costa de trabajadores y usuarios”.