Los trabajadores sexuales, víctimas de graves violaciones de los derechos humanos

Los trabajadores y trabajadoras sexuales en todo el mundo están expecialmente expuestos a sufrir toda serie de abusos y son víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, ha denunciado Amnistía Internacional, reclamando entre otras cosas la despenalización "del trabajo sexual consentido".

La organización ha publicado este jueves cuatro informes investigación sobre la situación en la que se encuentran estos trabajadores en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea y que ofrecen una cobertura global desde el punto de vista geográfico a este problema.

"Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los Derechos Humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación", ha explicado el director general del Programa de Derecho Internacional y Política de AI, Tawanda Mutasah.

"Con demasiada frecuencia la protección de la ley y las medidas de reparación con que cuentan son escasas o inexistentes", ha denunciado en un comunicado.

El responsable de Amnistía ha defendido que "los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de Derechos Humanos a quienes se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género".

En este sentido, Amnistía Internacional ha exigido una serie de responsabilidades a los gobiernos para que garanticen la protección contra la violencia, la explotación y la coerción de manera que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades.

Además, ha pedido la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación y el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.

DESPENALIZACIÓN

Entre las medidas de protección y prevención que recomienda la organización figuran la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual.

Según ha explicado Amnistía, esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la Policía.

En opinión de la organización internacional, las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos y no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.

Por otra parte, Amnistía ha reiterado su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los Derechos Humanos que requieren una acción concertada y que deben estar penalizados en todos los países.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

"Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación", ha señalado Mutasah.

"Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo", ha añadido, precisando que algunas de las mujeres entrevistadas para el informe han relatado que el hecho de que la prostitución sea ilegal "permite a la Policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y su seguridad".

En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas, ha lamentado Amnistía.