El alcalde de Granada firma un decreto de servicios mínimos para frenar la expansión del coronavirus
El decreto entrará en vigor a partir de mañana lunes 16 de marzo con motivo del Real Decreto 463/2020
Gabinete
El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha firmado esta mañana un decreto de servicios mínimos en el Ayuntamiento de la capital que entrará en vigor a partir de mañana lunes 16 de marzo con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en todo el territorio nacional.
Ante la grave situación existente y la necesidad de adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura, la permanente de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus en el Ayuntamiento (integrada por el alcalde, Luis Salvador; el concejal de Salud, Educación y Juventud, Carlos Ruiz Cosano; el concejal de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales, Servicios Jurídicos y Régimen Interior, Francisco Fuentes; y los portavoces del equipo de gobierno, César Díaz y Manuel Olivares) ha mantenido una reunión en el Consistorio para analizar el Real Decreto dictado por el Gobierno por el que se establece el estado de alarma, así como las últimas medidas apuntadas ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, y en coordinación con todas las medidas aprobadas en el Bando Municipal firmado por el alcalde. Asimismo, la permanente también ha trabajado durante el encuentro para dar forma, en contacto con el resto de concejales del equipo de gobierno, al Decreto de servicios mínimos que tras su elaboración ha firmado esta misma mañana el alcalde y que será susceptible de modificaciones hasta el próximo miércoles.
“Estamos en una situación excepcional que requiere de una gran coordinación para poder conciliar la prestación de unos servicios públicos municipales mínimos con la protección de la salud de todos los ciudadanos”, ha aseverado Luis Salvador, quien ha remarcado su “total disposición” al servicio del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía en todas aquellas decisiones que se vayan adoptando con la “más absoluta lealtad institucional”.
