Luis Salvador: “El gobierno del cambio de la Junta da respuesta a las necesidades de los andaluces”

“El gobierno del cambio de la Junta es el gobierno de la regeneración y de la lucha contra la corrupción, pero también es el gobierno que da respuesta a las necesidades del día a día de los andaluces”. Así lo ha aseverado esta mañana ante los medios el portavoz provincial de Ciudadanos Granada y candidato a la alcaldía de la capital, Luis Salvador, quien ha valorado las 104 medidas que la Junta ya ha puesto en marcha en estos dos primeros meses de legislatura. “Sabemos que hace falta tiempo para poder acometer todas las reformas que Andalucía necesita y lleva esperando después de 37 años de gobierno socialista, pero somos muy conscientes de que el día a día de los andaluces continúa y de que requieren de nuestras actuaciones”, ha apuntado.

Por eso, y tras conocer los demoledores datos que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con más corrupción de toda España, con 72 imputados en 2018, Salvador ha resaltado las medidas que la Junta ya ha activado y que están permitiendo la supresión de los aforamientos, el cierre de chiringuitos con la eliminación de 84 consorcios, la reducción de las plazas de libre designación o la elaboración de concursos de capacidad y mérito para acceder a los puestos públicos.

En paralelo, el portavoz provincial de Cs ha explicado algunas de esas 104 medidas activadas por la Junta de Andalucía y dirigidas a mejorar la vida de los andaluces, como la aprobación del Plan de Acción Turística 2019, la ampliación de la tarifa plana a autónomos o el programa de refuerzo educativo y deportivo del que se beneficiarán más de 100.000 escolares.

Asimismo, Salvador ha valorado los mecanismos que ya ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para agilizar la incorporación de los 19.379 granadinos que están actualmente en lista de espera de los Servicios Sociales para recibir algún recurso del catálogo de la Ley de la Dependencia. Según ha aseverado, la activación de este plan de choque de 77 millones de euros para agilizar la incorporación de más de 109.000 personas pendientes de ser atendidas en Andalucía es una “prioridad máxima” para el nuevo gobierno andaluz y conllevará en paralelo la activación de medidas para simplificar y agilizar los trámites a los que tienen que hacer frente. “Atender a nuestros mayores es una cuestión que para Ciudadanos no admite de negociaciones, así que vamos a seguir fomentando su cuidado mediante políticas reales y medidas concretas que les garanticen el descanso y las atenciones que necesitan”, ha indicado el portavoz, quien también ha apuntado la inversión de 18 millones de euros que se va a llevar a cabo para modernizar y acomodar las instalaciones de las residencias que pertenecen a la Junta de Andalucía.

Con el objetivo de acabar con estas listas de espera, Salvador ha explicado la apuesta de su formación para potenciar la ventanilla electrónica y para que así, desde el primer momento que se haga una solicitud, se pueda informatizar y la administración tenga constancia de esas personas. Asimismo, se potenciará una evaluación y control regulares para poder establecer las propuestas y las medidas de mejora de forma inmediata. “Simplificar los trámites y digitalizar el proceso, implantar un sistema informático unificado o agilizar la reposición de los valoradores es básico para combatir las cifras de lista de espera de la dependencia que nos hemos encontrado”, ha valorado el portavoz de Cs, quien ha remarcado que para su formación tanto la dependencia como la salud y la educación son “cuestiones de Estado”.

Salvador ha trasladado su preocupación por las cifras específicas que plantea esta situación en Granada, segunda provincia con más personas en lista de espera para recibir la dependencia y donde la población mayor de 65 años alcanza ya las 159.350 personas, es decir, un 17,5% del total, y de las que el 32% de estos mayores supera los 80 años, según ha hecho público recientemente el Consejo Provincial de Mayores.

“Tenemos la obligación de mejorar la vida de nuestros mayores y de garantizarles unos servicios sociales de calidad. En la mayoría de los casos, una espera de años para recibir la independencia supone una situación insostenible para muchas familias y nuestro deber y nuestra intención pasa por resolverlo cuanto antes”, ha concluido.