Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha superado ya todos los trámites legales necesarios para su puesta en marcha. La medida estaba a expensas de la actualización del plan de movilidad urbana (PMUS), incluidas las adendas y el procedimiento de alegaciones seguido durante el proceso, y de la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Superados ambos trámites, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Granada lo ha aprobado este viernes con los votos a favor del Partido Popular.

La ratificación definitiva de la Ordenanza Integral de la Movilidad Sostenible (OIMOS) era la última pieza clave que faltaba para dotar a la ZBE del marco jurídico preciso. Quedó resuelta este viernes durante la comisión de Movilidad, minutos antes de la celebración del pleno.

Esta nueva normativa unifica y actualiza hasta 13 ordenanzas municipales, algunas vigentes desde los años 80. “No sólo clarifica y armoniza el marco regulador, sino que establece las bases jurídicas necesarias para las ZBE, atendiendo a la calidad del aire que respiramos”, ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

"Estamos ante un tema de salud", ha reiterado Ana Agudo, concejala de Movilidad, que ha defendido la necesidad de cumplir con la ley. "Creo que se ha hecho un trabajo muy solvente y se han revisado todas las alegaciones recibidas", ha asegurado en su intervención durante el pleno.

El PSOE ha evitado debatir o justificar su voto contrario a la ZBE. Aunque ha criticado el "intento de esconder en una comisión una de las ordenanzas más importantes para las próximas décadas", su intervención en materia de Movilidad se ha centrado en pedir la dimisión de la concejal Agudo por el caso VioGén que mantiene como investigados a varios miembros de la Policía Local.

Por su parte, la edil de VOX Mónica Rodríguez ha lamentado el procedimiento seguido finalmente para la aprobación de la OIMOS, que no ha necesitado pasar el pleno. "Es una ordenanza tan importante que merecía un espacio importante. Tantas alegaciones recibidas pone sobre la mesa que la gente no está contenta con este tema", ha explicado. Finalmente ha justificado el no de su formación por las dudas que le suscita el proyecto.

Los ayuntamientos están obligados a implantar zonas de bajas emisiones en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en 2021. Esta norma establece que los municipios con más de 50.000 habitantes -y aquellos con más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación- debían implantar su áreas restringidas antes de 2023.

La llegada y el funcionamiento de la ZBE se ha convertido en los últimos meses en uno de los temas que más ha inquietado a la ciudadanía. El ruido político tampoco ha ayudado a trasladar mensajes claros y didácticos sobre las consecuencias que tendrá la medida y cómo afectará realmente a sus rutinas diarias.