Unos 330 coches recorren Granada para exigir la derogación de la 'Ley Celaá'

Unos 330 coches, según la Policía Local de Granada, han participado esta mañana en la manifestación-caravana contra la reforma educativa -conocida como 'Ley Celaá'- del Gobierno de Pedro Sánchez.

La protesta ha sido convocada en toda España por la plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, al igual que sucedió el pasado 22 de noviembre.

Se trata de la sexta movilización de la plataforma –la última fue este miércoles frente a las puertas del Senado– antes de que la Lomloe, a la que se opone firmemente esta plataforma, sea sometida a debate y votación el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado.

La manifestación granadina ha elegido esta vez el sur del Cinturón para elevar sus quejas contra el Gobierno. La protesta ha partido a las 11.00 horas de Ogíjares. Haciendo sonar sus cláxones, los más de 300 vehículos han interrumpido la normal circulación por las calles Torre de la Pólvora -hasta la confluencia con la rotonda Carmen de Burgos-, Emperador Carlos V -en ambos sentidos, Torre de Comares, rotonda Manos Aplaudiendo, Avenida del Conocimiento, Avenida de la Ilustración junto a Ciencias de la Salud y nuevamente de regreso a la rotonda Manos Aplaudiendo.

Una impresionante fila de coches que se ha juntado con el resto del tráfico rodado mientras agentes de la Policía Local han regulado el paso de unos y otros hasta pasadas las 13.30 horas, hora prevista de la finalización en un principio, cuando se esperaban no más de 260 vehículos.

Los manifestantes han cumplido las medidas sanitarias, no registrándose ningún incidente, y con no más de dos o tres personas en cada vehículo.

El dictamen de la Comisión de Educación de este viernes es el que se votará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, donde el Gobierno necesita mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de una Ley Orgánica, un umbral asumible para el PSOE dado que los grupos que apoyaron la norma en el Congreso también alcanzan la mayoría absoluta en el Senado.

La Ley solo tendría que volver al Congreso si el Pleno del Senado aprobase alguna enmienda 'viva' –enmiendas que no se aprobaron en Comisión–. De momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.

El redactado de la 'Ley Celaá' contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de “demanda social” de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos “deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un “ataque a la libertad” porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la Lomloe, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.

PRESENCIA DE VOX

Vox Granada ha participado en la marcha porque "supone un asalto a los derechos y libertades de los españoles, suprime el español como lengua de enseñanza y ataca tanto a la educación especial como a la educación concertada", y ha sido hecha po una ministra, Isabel Celaá, "conocida por decir que los hijos no son de los padres, sino del Estado".

Así lo ha explicado en un comunicado su presidente, Manuel Martín Montero, quien ha subrayado que se manifiestan "por la libre elección de los padres a escoger el centro educativo que deseen para sus hijos", un derecho recogido y reconocido en la Constitución Española. "Es nuestra obligación estar aquí secundando una demanda justa y esencial en la libertad del individuo", ha insistido.

"Ante la ofensiva del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos contra los derechos de los ciudadanos y atacando la unidad nacional, Vox anuncia su total oposición con todos los mecanismos legales y parlamentarios a su alcance, y recurrirá la Lomloe al Tribunal Constitucional por ser una ley sectaria", ha concluido.

APOYO DEL PP

Por su parte, el portavoz de Economía, Conocimiento y Universidad del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Ramón Herrera, ha mantenido una reunión con la Asociación Patronal Escuelas Infantiles Unidas, en la que ha manifestado el apoyo del PP a las protestas de los centros de educación infantil de titularidad no pública que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), también llamada Ley Celaá, "pone en peligro de desaparición".

Herrera explica en un comunicado que la educación infantil de cero a tres años en Andalucía "se sostiene gracias a la existencia de estos centros que, en su mayoría, están adheridos al programa de ayuda a las familias de la Junta".

"El ataque del Gobierno de Sánchez a la enseñanza concertada y privada está generando una enorme inquietud en estos centros de educación infantil, que suelen ser pequeñas empresas gestionadas por mujeres que generan unos 10.000 empleos en Andalucía, con lo que además nos encontramos ante un clarísimo agravio de género", asevera.

Recuerda que desde la Junta han tomado "medidas importantes" para apoyar a estos centros, como el incremento del precio por plaza que los anteriores gobiernos socialistas tenían "paralizado desde hace más de una década", y asegura que, ante la aprobación de la Lomloe, apoyarán a las escuelas infantiles para "que sigan cumpliendo la importante labor de sostén para la educación de los menores de tres años y la conciliación familiar".